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martes 16 de abril de 2024 - Edición Nº3678

Economía | 25 ago 2014

“No puede estar ausente”

Reclaman que el Estado intervenga “ante monopolios que ponen precios y condiciones”

El vicepresidente de la CAME, Elías Soso, se mostró a favor de una ley de abastecimiento aunque pidió diferenciar a las PyMEs de las grandes empresas. Manifestó que “como en las grandes economías del mundo es necesario un poder del Estado que ejerza de alguna manera una racionalización en este tema de los precios”.


CAPITAL FEDERAL (ANDigital) El vicepresidente primero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Elías Soso, se mostró a favor de un control del Estado sobre las grandes empresas formadoras de precios, pero pidió diferenciarlas de la PyMEs.

“Hay cuatro empresas que manejan el cemento, una que maneja la chapa, una el acero, una el insumo básico para el proceso del plástico”, enumeró el dirigente, al tiempo que advirtió que “como en las grandes economías del mundo es necesario un poder del Estado que ejerza de alguna manera una racionalización en este tema de los precios”.

Para graficarlo, indicó que la semana pasada en Estados Unidos multaron con 16.500 millones de dólares a una entidad bancaria (Bank of America) por su papel en la comercialización y venta de activos financieros respaldados por hipotecas basura que desembocaron en la crisis económica de 2008.

“Esto no se trata de usar en términos con efectos políticos partidarios, pero acá hay que ejercer un control porque el Estado no puede estar ausente cuando se trata de los monopolios que ponen precios e imponen condiciones”, sostuvo Soso en diálogo con LT8 de Rosario.

Sin embargo, pidió excluir de los alcances de la ley de abastecimiento a las PyMEs, porque “son transparentes en sus relaciones y no somos formadores de precios”.

Además, se quejó de la alta presión impositiva que perjudica a la actividad. “Es un escenario que viene arrastrándose de un tiempo a esta parte, que no solamente está vinculado a la presión impositiva nacional, sino también provincial y municipal”, explicó.

“Esta tendencia hay que denunciarla porque de alguna manera es un perjuicio del poder adquisitivo de la gente y de la rentabilidad de las empresas”, cerró. (ANDigital)

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