Desde el massismo niegan acuerdo con el PRO pero impulsan proyecto sin doble indemnización

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) El Frente Renovador impulsa el “Plan Nacional de sostenimiento del empleo y fomento del empleo PyME”, proyecto que establece un estado de emergencia ocupacional hasta el 30 de junio de 2018, pero no contempla la doble indemnización por despido, un instrumento que el propio presidente Mauricio Macri se encargó de rechazar en los últimos días.

El proyecto de Sergio Massa fue presentado semanas atrás y, según sus impulsores, será un punto de equilibrio en el bloque, para acercar posiciones entre lo que reclaman los diputados de extracción sindical y los del sector empresario.

Cabe reseñar que días atrás, la comisión de Legislación Laboral dio dictamen a un proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional en forma retroactiva al 1 de marzo y que sí prevé la doble indemnización por despido

Según fuentes parlamentarias citadas por la agencia oficial Télam, el proyecto que ahora alienta Massa -que contaría con un guiño del bloque del oficialista Cambiemos- sería una síntesis que conforme a los sindicalistas de la bancada (Facundo Moyano y Héctor Daer), que impulsaban la declaración de la emergencia ocupacional, y el expresidente de la UIA, José de Mendiguren.

“No hay un acuerdo con el Gobierno”, se apresuró en aclarar la diputada nacional Graciela Camaño, al rechazar que haya habido un pacto entre su jefe político y el macrismo para no respaldar el proyecto de emergencia ocupacional que obtuvo el dictamen, y precisó que ese bloque impulsa un proyecto alternativo “más quirúrgico” de atención a las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo a lo detallado por Camaño en diálogo con Radio La Red, la norma impulsada por el Frente Renovador tiene “un tratamiento más quirúrgico, donde distinguimos entre empresas pequeñas y medianas: las grandes tienen que absorber una previsión de despidos y en las pymes incluimos un sistema de incentivos impositivos para afrontar el problema con el trabajador en la empresa”.

“Estamos generando una instancia administrativa para el despido”, aseguró la diputada, al considerar que la emergencia ocupacional es una medida “circunstancial que después se quita” a medida que se vaya generando empleo, dado que “hay que tomar medidas que resuelvan el problema. Los trabajadores no pueden seguir pagando el costo del tiempo”.

Por su parte, el diputado José Ignacio De Mendiguren, puso de relieve la iniciativa del Frente Renovador y sostuvo que “más que un proyecto que castiga a quien no puede mantener toda la planta, es para sostener y fomentar el empleo”, pues “nuestra consigna fue ‘ni un empleo menos’ pero también ‘ni una PyME menos’”.

“Sin el Frente Renovador y sin Cambiemos no se puede aprobar la ley antidespidos en Diputados”, exclamó el legislador massista.

De todos modos, uno de los impulsores de la emergencia ocupacional desde el seno del massismo, el diputado nacional Héctor Daer (del gremio de la Sanidad), insistió que seguirá “adelante” con aquel proyecto, que sí contempla la prohibición de los despidos.

“Vamos a seguir adelante con el proyecto que se aprobó en comisión el miércoles pasado”, anunció, para luego subrayar que tiene “una visión para defender a los trabajadores y voy a avanzar en esa línea; no podemos hacernos los distraídos sobre la existencia de los despidos”.

Cabe reseñar que el proyecto de Massa declara la Emergencia Ocupacional hasta el 30 de junio de 2018 (y no hasta diciembre del 2017, como proponía el proyecto que recibió dictamen de comisión) y busca “evitar la destrucción de empleo y fomentar la creación de puestos de trabajo privados formales, con foco en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, según los fundamentos.

El plan incluye un régimen de incentivo fiscal y un registro de elegibilidad prioritaria para aquellas empresas MIPyME que hayan sostenido o incrementado su dotación de personal registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), respecto de noviembre de 2015.

La iniciativa establece además que toda empresa que incorpore a beneficiarios de programas sociales, podrá deducir de las obligaciones previsionales que emanen de dicha incorporación “el equivalente al 50 por ciento del haber no contributivo percibido por el beneficiario”, en tanto que se elevará al 100 por ciento, en los casos que se trate de MIPyMES.

Además, los beneficiarios de planes sociales que se incorporen al mercado laboral formal, tras la entrada en vigencia de la Ley, continuarán percibiendo los beneficios del programa social en cuestión por un lapso de 2 años. (ANDigital)