Advierten que el nuevo tarifazo “será ilegítimo si no se respeta la ley”

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) Desde la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) lanzaron el segundo informe del Observatorio de Tarifas (OTA) focalizado en el estudio de las audiencias públicas sobre gas y electricidad que comenzaron el lunes 13 de noviembre y se desarrollarán esta semana en varios puntos del país.

El OTA mencionó en su segundo informe que el Ministerio de Energía no cumplió con lo estipulado en el fallo CEPIS (Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad) de la Corte Suprema de 2016 al no comunicar a la población toda la información, pública y confiable, necesaria para participar de la audiencia pública.

Sobre el servicio de energía eléctrica, el organismo analizó que los aumentos en las tarifas no se reflejan en la calidad de servicio prestado en el AMBA mediante las empresas Edenor y Edesur.

Además, no se registran controles de la inversión por parte de las empresas y se detectó una falta de transparencia en las facturas a los usuarios.

En cuanto a la primera, la falta se refleja principalmente en que las empresas no presentaron el programa de inversiones para cada zona donde se deban realizar, con detalle de obras y plazos. En lo que hace a la segunda problemática, las facturas no contienen debidamente diferenciados los conceptos centrales del servicio: qué se paga por generación, qué por transporte, y qué por distribución.

El documento analizó que los valores del costo de generación a nivel nacional que propone el Ministerio de Energía a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) no tienen relación con costos medios de la región y tampoco de los Estados Unidos y países de Europa, y que su traslado a los usuarios no guarda la gradualidad y razonabilidad que predica la Corte en su fallo sobre las condiciones generales que deben observar en adelante todos los servicios públicos.

En torno al gas, el precio para los usuarios tiene el pecado de origen de una suma desvinculada de los costos reales del producto, derivado de asignarles a los usuarios el subsidio-estímulo que el Estado voluntariamente paga a las petroleras.

El usuario pagaba, antes de los aumentos de tarifa, el costo real del gas, prácticamente sin subsidios. El aumento propuesto al punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) o precio en boca de pozo para esta audiencia se sumará, sin motivo, al 500 % promedio del ajuste inicial.

Las propuestas del Gobierno no tienen en cuenta el carácter social y de servicio público que les asigna la Corte Suprema a ambos servicios con fundamento en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. El Estado se expone a que, si violan esos principios, los incrementos programados se conviertan en ilegítimos.

Marcos Rebasa, director del OTA, se expresó sobre el llamado del Ministerio de Energía a las audiencias públicas y consideró que “presentan una decisión ya tomada, sin las formalidades de rigor y lo dispuesto por la misma Corte en el fallo del CEPIS”.

“Se usa el método de la audiencia pública como un mero paso protocolar, sin debate de lo que se diga en ella”, cerró. (ANDigital)