Los giros de la Nación pesan menos en las cajas de los gobernadores

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) Entre 2005 y 2016 las transferencias nacionales a las provincias han aumentado en términos de PBI, pero simultáneamente han reducido su participación en el total de la recaudación tributaria nacional y en los recursos provinciales, según revela el documento del CIPPEC “Relación fiscal entre el gobierno nacional y las provincias: la película”.

Las transferencias a provincias y los recursos tributarios nacionales

Si bien las transferencias totales de la Nación a las provincias, entre 2005 y 2016, aumentaron de 7,7 % a 8,7 % en relación con el PBI, su participación en el total de los recursos tributarios nacionales se contrajo de 37,7 % a 33,9 % en el mismo período. Si se excluye el efecto del blanqueo, esa participación se incrementa a 35,8 % en 2016.

Las transferencias automáticas -coparticipación, leyes especiales y Fondo Federal Solidario (FFS)- representaron 28 % en 2016, manteniéndose en el mismo nivel de once años atrás, aun incluyendo los recursos del FFS. Por su parte, las discrecionales cayeron de 8,8% a 5,7 % en igual período.

En términos de las cajas de las provincias

Con relación al total de recursos provinciales, las transferencias totales de la Nación a las provincias equivalían a 57,6 % en 2005, contrayéndose a 50,8 % en 2016 (una caída de 6,8 puntos porcentuales).

Las transferencias por coparticipación redujeron su participación de 44,2 % a 40,8 %, mientras que las transferencias discrecionales cayeron de 13,4 % a 8,5 %. Por su parte, la incidencia del Fondo Federal Solidario, creado en 2009, osciló entre 1,5 % y 3 % de los recursos totales provinciales en sus siete años de existencia.

Transferencias a provincias (% de los recursos totales provinciales)

“Entre 2005 y 2012 se observa un proceso de concentración de recursos fiscales en manos del gobierno nacional. Este proceso acontece en paralelo a una mayor discrecionalidad en la distribución de los fondos nacionales, exacerbando las inequidades generadas históricamente por la falta de correspondencia entre recursos centralizados y gastos descentralizados”, describe Walter Agosto, investigador principal del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC y autor del documento.

Y añade: “si bien la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los acuerdos ulteriores entre la Nación y las provincias en 2016 constituyeron un avance al restituir a los gobiernos subnacionales fondos de distribución automática, la cuestión de fondo no ha sido resuelta”.

“A partir de 2013 se advierte una mínima recuperación de la participación de transferencias automáticas a provincias en el total de los recursos nacionales, que no alcanza para revertir el proceso”, completa Agosto.

El Fondo del Conurbano

Viene exhibiendo una reducción sistemática: fue el 9,6 % del impuesto a las ganancias en 1996 y, de no modificarse el tope de $ 650 millones sería sólo 0,1 % el año próximo. En caso de eliminarse el tope actual, como peticionara la provincia de Buenos Aires ante la CSJN, recuperaría $ 64.226 millones a costa del resto de las jurisdicciones, lo que torna al problema de difícil resolución.

“Actualmente, la existencia del Fondo del Conurbano lejos de beneficiar a la provincia de Buenos Aires, la perjudica. Por caso, si se eliminara la afectación del 10 % del Impuesto a las Ganancias para este fin y esos recursos pasaran a la masa coparticipable, Buenos Aires percibiría en 2018 $ 6.798 millones, disminuyendo en idéntica cuantía lo que perciben las demás jurisdicciones”, plantea Agosto.

Si bien la situación fiscal del Tesoro nacional no permitiría aportar fondos para viabilizar una alternativa de resolución, una forma de contribuir sería que las transferencias discrecionales que anualmente realiza a la provincia de Buenos Aires se institucionalizaran y distribuyeran automáticamente. Aunque no serían recursos adicionales, garantizaría a la provincia recursos actualmente inciertos.

Hacia un mayor federalismo fiscal

“Complementando una mayor institucionalización del régimen de transferencias y menor discrecionalidad, es necesario un mayor grado de correspondencia fiscal con mayores potestades tributarias para los gobiernos provinciales”, enfatiza Walter Agosto, investigador principal del programa de Desarrollo Económico del CIPPEC.

De todos modos, plantea que “cualquier iniciativa de esta naturaleza debería ser gradual y en simultáneo con un proceso de fortalecimiento de las capacidades tributarias locales”.

La política fiscal del Gobierno nacional y de las provincias deberán cumplir en 2018 las reglas fiscales que, en materia de gasto, deuda, empleo público y transparencia, establece el proyecto de nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, ninguna de estas medidas implica una reforma integral del régimen de coparticipación, la gran asignatura pendiente. (ANDigital)