Deuda: Argentina frente a los agentes financieros globales

Por Roberto Feletti (*)

En su presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación, el ministro de Economía Martín Guzmán delineó el rompecabezas de acreedores que van elevando el tono de reclamos contra el país. En ese sentido, habló de tenedores de:

---) Bonos bajo legislación y tribunales del exterior

---) Letras y bonos en moneda extranjera emitidos bajo legislación y tribunales nacionales

---) Instrumentos financieros nominados en pesos

---) Fondo Monetario Internacional

La interacción de estos acreedores multilaterales y del sector privado global avanza generando tensiones sobre el objetivo de la política económica, que es compatibilizar la reestructuración de deuda pública con un modelo productivo de desarrollo que torne al esquema viable política y económicamente.

La estrategia de los fondos de inversión

En estos días, los fondos de inversión de mayor envergadura comenzaron a desplegar acciones destinadas a fortalecer su capacidad de negociación frente a la Argentina.

El primer paso fue la conformación de distintos comités de fondos tenedores de bonos, que permitan coordinar acciones que neutralicen la cláusula de acción colectiva con la que fueron emitidas las especies argentinas. El ejemplo preciso es lo ocurrido con el vencimiento BP21 de la Provincia de Buenos Aires. El fondo Fidelity logró reunir, en acuerdo con otros agentes financieros, una cantidad de votos representativos de la serie provincial emitida superior al 25% de su valor nominal, bloqueando de esta forma el planteo de la gobernación de prorrogar el vencimiento.

En esa dirección, Fidelity ha conformado con otro fondo importante, BlackRock, un comité al que esperan sumar a otros actores con la intención de reproducir a nivel nacional lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires. Es decir, frenar cualquier propuesta de reestructuración que no le sea satisfactoria a ellos. Esto denota la voluntad de los grandes fondos de no ser condescendientes con las propuestas de renegociación argentinas, sino que, por el contrario, persiguen el objetivo de recuperar sus acreencias y continuar haciendo beneficiosos negocios a costa del país.

Los voceros de estos agentes financieros han dejado trascender que es fundamental la cotización de los nuevos bonos surgidos del eventual canje, fijando un piso para la misma consistente en un riesgo país inferior a los 1.000 puntos básicos, de modo que los valores de los títulos que hoy se encuentran en una paridad del 50 %, trepen al 70/75 % y puedan realizar ganancias de portafolio rápidamente.

En ese sentido, la sustentabilidad del programa de deuda que el ministro Guzmán vincula con la necesidad de expansión económica interna, contrasta con la demanda del “programa macroeconómico” que asegure el pago de los servicios de deuda que han comenzado a esbozar los acreedores a través de sus portavoces habituales.

En efecto, la oposición política y el periodismo económico han planteado casi a coro la ausencia de “programa”, y esto se alinea con la demanda de los fondos de inversión en cuanto a que el valor de los nuevos bonos canjeados tiene que alcanzar rápidamente una paridad mucho mayor a la que tienen hoy las especies vigentes. Para que esto ocurra, la Argentina deberá realizar un esfuerzo externo y fiscal sobre las espaldas de su pueblo, incompatible con los postulados de recuperación económica que el gobierno nacional viene planteando.

Otra alternativa que circula en las “mesas financieras” es permitir que el país ingrese en default y sufra así una devaluación de su moneda en los mercados cambiarios alternativos al oficial, como el “Blue” y/o “contado con liquidación”, facilitando la recompra de activos locales depreciados y de bonos soberanos con cotización en baja, para ampliar la gama de beneficios financieros derivada de ese escenario.

Como se puede advertir, el protagonismo de los grandes fondos de inversión en este proceso de reestructuración apunta a ser elevado e intenta mantener un escenario de negocios con la Argentina que les permita completar el rinde de las operaciones iniciadas durante el gobierno de Cambiemos. Si esos fondos dictan las condiciones, es difícil pensar un escenario futuro de crecimiento y sustentabilidad de la deuda pública.

El FMI que todos conocemos

En su calidad de miembro del organismo multilateral, a la Argentina le hubiera correspondido un préstamo “stand by” de U$S 22.500 millones como máximo (cifra que surge de multiplicar el aporte argentino por 4,75). Sin embargo, entre mayo de 2018 y julio de 2019, el FMI comandado por Christine Lagarde aportó U$S 44.500 millones. Este desembolso es el mayor que hizo la institución a nación alguna.

Las condicionalidades derivadas del crédito, como la supresión de la emisión monetaria y el ajuste destinado a alcanzar superávit fiscal primario, provocaron una fuerte caída del nivel de actividad y un desmadre de las principales variables económicas: precios, tasa de interés y tipo de cambio. Además, los fondos ingresados, contrariando los estatutos del FMI, financiaron una aguda salida de capitales que obligó al gobierno de Cambiemos a restablecer el control de cambios que había denostado y desarmado ni bien asumió la administración.

Christine Lagarde abandonó la titularidad del FMI después de la derrota electoral de Macri y fue reemplazada por Kristalina Georgieva. Esta semana el organismo emitió un comunicado aseverando la insustentabilidad de la deuda argentina, la necesidad de una reestructuración y pidiendo que los tenedores de títulos soberanos contribuyan a resolver la cuestión (leáse, que acepten una quita). Por su parte, el FMI ablanda las condiciones para el cobro de sus acreencias otorgando plazos hasta el 2024 y sólo condicionando un sendero de superávit gemelos a esa fecha que asegure divisas para el pago.

Entre el ajuste “blando” y el escenario de negocios “amigable”

El pronunciamiento del FMI apunta a dejar flotar la economía en un contexto de equilibrio macroeconómico sin mayores presiones de ajuste pero consolidando un esquema de precios e ingresos sin alteraciones significativas en el corto plazo.

Los tenedores de bonos procuran recuperar sus créditos por distintas vías de construcción de marcos favorables a la diversidad de negocios financieros que genera una crisis como la presente.

Contra esas presiones, el ministro Guzmán y el presidente Fernández han sido claros: la deuda solo podrá afrontarse en el marco de un esquema de sostenibilidad cuyo peso no recaiga sobre las espaldas de la ciudadanía.-

(*) Actual Secretario Administrativo del Senado bonaerense. Exsecretario de Economía y Hacienda de La Matanza y diputado nacional del FpV.