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Interés general | 20 feb 2018

Lógica empresarial

Otra de AUBASA: Denuncian “desfachatada” vulneración de derechos de usuarios viales

A los sistemáticos aumentos en el peaje, se suman los oídos sordos que hace la concesionaria de la AU Buenos Aires-La Plata y Corredor Vial del Atlántico a una resolución de la Defensoría del Pueblo. Es porque el área de servicios complementarios se sitúa a un solo lado de la calzada y no en ambos, con el riesgo que ello implica a la hora de cruzar.


LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) Hacia fines de 2017, AUBASA dispuso un nuevo aumento en el costo del peaje, en esa ocasión, de hasta el 67 % para el Corredor Vial Integrado del Atlántico y del 33 % en la Autopista Buenos Aires-La Plata, lo que hace que un viaje ida y vuelta en automóvil desde Capital Federal a Mar del Plata cueste -únicamente en peajes- hasta 400 pesos.

Como si esto fuera poco, la empresa concesionaria incurre actualmente en la violación de la Resolución 57/17 de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en la cual se recomendó que incorpore las áreas de Atención al Usuario en ambos lados de la ruta o autovías o que, en su defecto, se prevean pasarelas seguras para peatones u otra forma de acceso a las mismas, a los efectos de resguardar la vida y la integridad física de los usuarios que circulen por ellas.

Este dictamen data de mediados del año pasado, a partir de un reclamo que elevó al Ombudsman la usuaria Tamara Pates, en su carácter de integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial.

La iniciativa tuvo lugar, según la propia damnificada narra ante ANDigital, “tras un siniestro en la Autopista Córdoba-Rosario, regresando hacia la provincia de Buenos Aires, que fue por tener que cruzar a pie la calzada porque no existían de esa mano los servicios complementarios (estacionamiento, baños públicos y oficinas de atención)”.

“Parece una situación excepcional pero no lo es, en la estación de peaje misma me informan que debía cruzar a pie y es algo que miles de usuarios lo viven a diario. Tienen que sí o sí cruzar a pie hasta el sentido contrario para acceder a esos servicios complementarios”, remarcó.

Asimismo, advirtió que “para todos los corredores viales el OCCOVI permite que los pliegos sólo contemplen estos servicios a un solo lado, mientras que en algunos sí puede haber (como por ejemplo en la AU Buenos Aires-La Plata) un puente peatonal para que aunque sea no se cruce por la calzada, pero igualmente deja mucho que desear en cuestiones de accesibilidad”.

“La maniobra de cruzar está prohibida por la ley de tránsito y los pliegos mismos vienen con solo un lado de la calzada para la cuestión servicios”, lamentó la integrante del CoNaDUV.

Ante la falta de respuestas de la empresa, elaboró un pedido de informes oportunamente presentado primero en Diputados (por Christian Castillo, del FIT) y luego en Senadores (vía Omar Foglia, del GEN), los cuales fueron aprobados a nivel parlamentario, pero Vialidad Provincial no respondió nunca y es allí que Tamara comenzó a sumar testimonios de usuarios que también sufrieron perjuicios.

Es así como la Defensoría del Pueblo bonaerense “tomó y legitimó el reclamo, dando cuenta que se vulneran muchos derechos de los usuarios viales, desde la ley de tránsito a la categoría de personas con movilidad reducida, sean ancianos, embarazadas, adultos con bebé a upa, en suma: personas que no pueden circular a las corridas en una autopista cargada de tráfico”, detalló Pates.

En cuanto a las respuestas oficiales, se lamenta: “AUBASA, Vialidad y los funcionarios de turno siempre aducen retraso tarifario cuando no hay ningún retraso, es una actitud cínica y desfachatada” pues “hicimos toda la vía institucional muy prolija, no salimos como tirabombas o con prácticas llamativas en el espacio público; es un trabajo fundamentado, documentado, con avales y lamentablemente no termina haciendo mella”.

“Esperábamos que la resolución del defensor del Pueblo Guido Lorenzino marque la posición para que AUBASA repare la vulneración de derechos en la que hoy incurre, algo que incluso podía haber sido un modelo para el resto del país”, anexó.

Y remató: “si buscaran justificar las subas con gastos en mejoras, la Resolución 57/17 los dejará expuestos” pues “no escucharon jamás a los usuarios viales ni al defensor del Pueblo de la Provincia”. (ANDigital)

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