El increíble caso de persecución de funcionarios brueristas a víctimas de violencia de género

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) Rosario Rocha Gutiérrez es oriunda del país vecino de Bolivia y llegó a la ciudad de La Plata con la idea de poder progresar. Fue una de las tantas víctimas de la violencia de género y signada por su sufrimiento decidió crear una organización que ayude a las mujeres que han padecido dicha problemática.

Es por eso que en la década del 90 conformó la Asociación Civil ‘Mujeres Adelante’. Bajo este organismo, se administra un comedor comunitario y la Fundación ‘Solidaridad Trabajo y Libertad’.

Desde entonces, muchas mujeres se han acercado para refugiarse del maltrato que sufrían por parte de sus parejas. La institución se encuentra en Los Hornos justo en la esquina de 50 y 160, en donde también funciona un comedor comunitario.

A Rosario se le quiebra la voz cuando rememora todo lo vivido desde la creación de la ONG que preside desde hace más de 15 años. Denunció persecución, intentos de cooptación política por parte de la gestión del intendente Pablo Bruera, apremios ilegales, una causa armada por abuso de menores y expedientes judiciales aún en suspenso.

“Acá entró la policía en un allanamiento ilegal y le revisó el culo a los menores delante de sus madres”, explica Rosario desde el dolor, dando cuenta de que todo sucedió luego de negarse a ser funcional a los intereses políticos de la actual gestión comunal y que se armó una ofensiva en su contra. Su institución fue denunciada por abuso de menores en una causa a la que no puede acceder por no tener el dinero para tramitar el expediente.

Tanto a ella como a las madres que luchan por salir de la vulnerabilidad y la violencia familiar han recibido ofertas y ofrecimientos a cambio de votos. “No quiero ser funcional a la política de turno, no quiero ser puntera como me han ofrecido. En su momento rechacé 2 mil pesos que era un dinero muy necesario, yo hago esto por vocación”, cuenta desde el comedor/ refugio emplazado en la populosa localidad de Los Hornos.

Pero los costos de no pertenecer a la gestión fueron altos. Rosario acerca documentación que da cuenta de la existencia de una causa armada a través de denuncias apócrifas, realizadas por exbeneficiarias de la fundación, las que movidas por tal vez, un rencor circunstancial o como consecuencia de una tarea de cooptación realizada a través de punteros municipales, previo ofrecimiento de beneficios para ellas, habrían realizado en su contra.

“Lo hicieron sin medir las consecuencias que dicha actitud nos ha acarreado un daño como institución de bien público, y que se manejan a través de voluntariado sin aporte estatal dando un servicio que no es prestado por la estructura burocrática del Estado”, remarca Rosario.

De acuerdo a los dichos de la titular de la Comisaria de la Mujer en La Plata, en la actualidad, las mujeres que abandonan su hogar luego de efectuar la correspondiente denuncia de violencia contra sus parejas, no encuentran refugio, por no poder las respectivas comisarías de la mujer derivarlas a la Asociación Civil ‘Mujeres Adelante’, en cumplimiento de una medida cautelar dictada en el marco de la causa antes referida.

Rememorando, la titular de la ONG explica que todo comenzó con la asunción del actual equipo de Desarrollo Social que secunda al intendente Pablo Bruera, que según Rosario se destaca por el “accionar malicioso” contra las instituciones.

Sostiene que los manejos “desleales” nacen desde Desarrollo Social del Municipio de La Plata, señores Juan Pablo Cruzat y Juan Carlos del Río, a quienes sindica como “artífices de una persecución sin fin”.

Luego de que Rosario se negó a emplear su organización para fines proselitistas comenzaron los problemas a los que enumeró: “Hubo cortes abruptos de toda ayuda alimentaria fresca para el refugio de víctimas de violencia de género; se influenció al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia para que se corten suministros e interrupciones en los pagos de luz y gas de la ONG”.

También mencionó un “intento de cooptación por parte de Juan Carlos del Río para trabajar políticamente para él mismo, mediante el ofrecimiento de pago de una contraprestación dineraria que fue rechazada” y “utilización política del refugio y comedor comunitario, bajo amenazas y conspiraciones para desplazar a las autoridades y fundadores”

Asimismo, denunció el “armado de causas judiciales cooptando mujeres del hogar, con argumentos mentirosos y ofrecimientos de compensación a esas mujeres, por tal servicio, apoyados por publicaciones mendaces a través del diario El Día” y “recientemente un incendio y destrucción total mediante acto terrorista de punteros políticos del intendente Pablo Bruera, del único vehículo de la institución que se utilizaba para el servicio de madres y niños llevándolos a hospitales y realización de trámites”.

Todas estas actitudes hostiles de las autoridades dieron por resultado que la señora Rosario Rocha se encadenara dos veces frente al Municipio para reclamar por los beneficios denegados para las madres y los niños que eran sostenidos mediante esfuerzos personales y vía la ayuda solidaria de voluntarios y colaboradores privados tales como Rotary Club Los Hornos, empresarios y ciudadanos comunes que conocen la labor de la entidad, tales como Caritas La Plata.

Rosario también explica que hace dos años con la gestión del entonces secretario de gobierno Mario Rodríguez, se llegó a un acuerdo de palabra en donde el Municipio otorgaría a la fundación entre otras cosas: diez casillas para las alojar a las mamás del refugio y romper el hacinamiento en que vivían y dos tarjetas para consumo y otros beneficios al refugio para proveer de alguna producto de consumo que brinde mayor confort a las madres.

Estos pocos beneficios duraron un mes y medio porque a Rodríguez lo destituyen y las autoridades siguientes limitaron el uso de la única tarjeta que a nombre de Rosario Rocha, pero siempre para compra de productos para el refugio, con el pretexto de “falta de rendición de cuentas” y “malversación” en los gastos de un solo mes.

Cabe destacar que dicha tarjeta tenía un monto asignado de 3.500 pesos y su uso duró apenas un mes, rendido y verificado ante el funcionario Del Río, a cargo de la Dirección de Desarrollo Social. Es el mismo funcionario que luego de las inundaciones adulteró su firma fraguando certificados.

En definitiva, lo acordado con Rodríguez no fue bajado a las personas que ejercían el control, y por ello según Rocha continuaron las acusaciones falsas.

“La patota de Bruera empieza con la persecución, encabezada por los funcionarios Del Río y Cruzat, incluyendo acusaciones infundadas, de tráfico de niños, y maltrato, cosa que nunca se pudo comprobar, porque en todos los casos se trató de mentiras, logradas a través del testimonio vía cooptación de mujeres que estuvieron en el refugio y que asintieron apoyar esas maniobras bajo la promesa de dadivas por parte del municipio”, cuenta Rosario.

Actualmente hay otra causa a la que consideran armada por denuncias de maltrato con mujeres también cooptadas que estuvieron en dicho refugio, algunas incluso dieron a luz a sus hijos en 50 y 160, lugar en donde funciona el refugio.

El pasado 17 de agosto, Rosario Rocha es interpelada en la vía pública por el señor César Larez, funcionario municipal, quien la amenaza con quemarle la camioneta si no deja el trabajo comunitario. Lo hizo ante dos testigos. Dicho accionar dio origen a una denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 a cargo de Fernando Cartasegna con número de causa 33.629/13.

“Simultáneamente con los hechos narrados antes de ahora y en la madrugada del 30 de agosto, un puntero que responde al municipio, atentó con dos bombas molotov, contra el vehículo de la Fundación, provocando la quema total de nuestra camioneta institucional del año 1998, atentado practicado por el funcionario municipal César Larez, titular del Centro Integrador Comunitario de calle 46 y 158, candidato a concejal por el Frente para la Victoria, en la lista que encabezó Gabriel Bruera”, agregó.

Resta consignar que actualmente la institución se mantiene con ayuda de particulares y la voluntad de las madres que salen a pedir ayuda. (ANDigital)