Rechazo a audiencias públicas de Vialidad: “Excelente negocio sólo para los concesionarios”

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial informó que no estará presente en las siete audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad, donde el poder concedente informará sobre las etapa II y III de la denominada Red Federal de Concesiones.

El principal motivo es que “las audiencias públicas programadas tienen carácter de ‘no vinculantes’, constituyendo un simple formalismo y representando un desagradable ‘show’ donde se monta un decorado escenográfico para hacer creer darle participación a la ciudadanía en la toma de decisiones importantes y siendo en definitiva una burla y falta de respeto a los usuarios viales y público en general”. 

“Es sabido que trás las audiencias públicas no vinculantes, que son un requisito obligatorio, se pone en práctica la propuesta del poder concedente que ya está aprobada por las autoridades correspondientes antes de la realización de los eventos mencionados. es así que no se considerarán ni se tendrán en cuenta las presentaciones y exposiciones llevadas a cabo por los participantes en las respectivas audiencias públicas”, puntualizó el CoNaDUV.

Otro fundamento es que de ninguna manera avalan “el proyecto denominado RFC. El hecho de participar de las audiencias públicas convocadas es como aceptar una propuesta que implica un gran error y la continuidad de concesiones viales bajo el régimen nefasto de falso peaje o impuesto al tránsito, claramente incostitucional e inviable técnicamente”.

“Es de suma gravedad que estos eventos se lleven a cabo sin ni siquiera existir marco regulatorio – ente regulador que realmente defienda los derechos de los usuarios viales directos e indirectos ante esta estafa vial que parece ser persistirá en el tiempo. cabe destacar que las concesiones viales tienen carácter de servicio público”, prosiguió la entidad coordinada por Ricardo Lasca.

Así las cosas, dio cuenta que “es lamentable que el Gobierno nacional imposibilite un debate serio entre las respectivas áreas de Gobierno y los usuarios viales, directos e indirectos. hay que destacar que los caminos son de dominio público”.

“El grave problema de fondo son los futuros contratos de concesión leoninos, ilegales y lesivos, sistema de peaje inconstitucional, y tarifas calificadas de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias al interés general y de beneficios abusivos para los concesionarios”, enumeró el Comité.

Finalmente, consignó que “el falso peaje o impuesto al tránsito que se impondrá en la Red Federal de Concesiones es directamente un cargo económico e impuesto al tránsito, motivo por el cual generará serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales, a las localidades servidas por los distintos corredores, y a toda la sociedad en su conjunto”. 

“Para peor no se contempla ampliar la red vial ni realizar obras de importancia, sólo es corte de pasto y simple mantenimiento. El problema de las rutas no solo tiene que ver con su mal mantenimiento, sino con su antiguo diseño pensado para un parque automotor muy diferente al actual”, cerró.