CAPITAL FEDERAL, Junio 14 (ANDigital) La diputada nacional de Unión para el Desarrollo Social, Graciela Ocaña, presentó un recurso ante la Suprema Corte reclamando declarar inconstitucional la ley de Reforma Impositiva aprobada por la Legislatura provincial, ante las sospechas de presuntos pagos de sobornos a legisladores para su sanción.

“Los presuntos pagos efectuados a los legisladores para obtener su voto favorable han viciado el proceso de formación de la ley”, señaló la ex titular del PAMI en la presentación efectuada ante el Máximo Tribunal de Justicia de la Provincia.

Asimismo, dijo que “la norma sancionada es inválida por encontrarse presuntivamente viciado de nulidad absoluta e insanable su proceso de sanción”, y subrayó que “la voluntad de los legisladores, al momento de emitir su voto, se podría haber  encontrado estimulada delictivamente por haber aceptado dinero o dádivas para sancionar la ley o para dar quórum, lo que  claramente configuraría el delito de cohecho”.

“El voto, en tales circunstancias, no respondería a la libre voluntad del legislador, sino al efecto censurable del pago recibido, lo que torna nulo su voto, violándose de este modo el  proceso de sanción de la ley, ya que contraría lo dispuesto por  la Carta Magna provincial”, subrayó Ocaña.

En el escrito también se deja constancia de que se encuentra “viciado” el proceso de votación de la ley, ya que requería para su sanción el voto afirmativo de las dos terceras partes de los  legisladores, es decir requería el sufragio de 30 de ellos, y la  propuesta contó con sólo 29 votos positivos. (ANDigital)