viernes 29 de marzo de 2024 - Edición Nº3660

Policiales y Judiciales | 7 feb 2016

Exclusivo

Policía judicial: Los abogados que denunciaron a Falbo y un mano a mano con ANDigital

Se trata de dos letrados que aspiraban a ingresar al cuerpo especial de la fuerza de seguridad con la idea de que el proceso sería transparente, pero eso no sucedió. Orlando Pajón y Federico Pérez Fernández brindan detalles y dan cuenta del trasfondo de un proceso polémico.


LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) Orlando Andrés Pajón y Federico Pérez Fernández son los abogados que denunciaron a la procuradora general de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, por irregularidades en el ingreso a la Policía Judicial.

El primero de ellos es excomisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desempeñó cargos como jefe de Narcotráfico, jefe de Homicidios, jefe de la DDI Mar del Plata, director de la Escuela Juan Vucetich y Escuela Superior (CAEEP). Hoy dicta clases en Policía Comunal, CAEEP y Curso Ascensos, abogado penalista y especializado en Derechos del Niño.

Por su parte Fernández, se desempeñó en la investigación de defraudaciones y estafas para numerosas empresas privadas; a cargo de aéreas de control de gestión y jurídica en el sector empresario privado; es especialista en computación educativa y educación a distancia y contextos virtuales para profesores de derecho.

Cuenta con antecedentes académicos a nivel universitario, terciario y medio, donde detenta cargos ganados por concurso de oposición, antecedentes y de selección. Se desempeña como docente con especialización en formación pedagógica; con publicaciones propias y colaboraciones en medios de difusión, publicaciones jurídicas y organismos de derechos humanos en materia de seguridad y sistema carcelario, entre otras.

Los dos abogados aspiraron a ingresar al cuerpo de Policía Judicial de la Provincia con la idea de que el proceso sería transparente, pero eso no sucedió y decidieron hacer una denuncia de la que ANDigital se hizo eco durante la última semana.

En una entrevista con este medio, ambos dieron detalles del proceso que atravesaron:

¿Cómo detectaron irregularidades en el Concurso?

En realidad lo que detectamos –la gran mayoría de los concursantes- fue una serie de acontecimientos que se diferencian de otros concursos, consistentes en una notoria diferencia de la puntuación obtenida por unos y otros participantes, que no coinciden con la experiencia, antecedentes y preparación académica y que al requerirse la posibilidad de ver los exámenes (escritos y orales) para hacer comparaciones, no se tuvo acceso a los mismos.

Al requerirse ver los currículums de los concursantes, tampoco se pudo tener acceso, se originaron cambios y modificaciones fuera del reglamento a posteriori de rendir; muchos colegas –ya cerrado el concurso- y al darse a publicidad el Orden de Méritos, impugnaron (cuatro meses después) y a pesar de habérsele subido la calificación, no se produjo modificación alguna. Estas serían las más notorias, entre otras, que no se condicen con la modalidad de los concursos públicos que se realizan a nivel nacional o provincial para tan altos cargos.

Siendo todos profesionales y ante las cuestiones planteadas, hacemos uso del derecho que nos confiere la ley de solicitar aclaraciones sobre el particular.

Hubo jueces y fiscales designados por amiguismo a nivel nacional o provincial, ¿qué les hace creer que se le dará curso a una denuncia contra Falbo?

Precisamente, es la sensación que dejo el concurso, de favorecer a unos y perjudicar a otros, y reiteramos; simplemente nos presentamos ante la justicia a fin de que se clarifiquen determinadas situaciones algo confusas.

Cierto es que se torna sugestivo cuando menos, la reiteración de apellidos entre los detentadores de cargos de jueces, fiscales y otro miembros del Poder Judicial, vinculados además en la mayoría de los casos al poder político.

Y consideramos que lo que tiene que imperar por sobre los hombres es la justicia, y todos tenemos el derecho a que se revean las correcciones.

¿Por qué consideran que aún hay un escenario en donde son posibles este tipo de designaciones?

Confluyen muchas situaciones políticas, sociales, y hasta económicas en donde todo lo hecho está bajo sospecha y es revisado; y en el ejercicio democrático está muy bien que así suceda. Pero fundamentalmente, esa democracia también impone la obligación a todo ciudadano, del control y el reclamo judicial de cuando las situaciones son algo poco claras.

¿Al margen de las anomalías constatadas y ya referidas en la pregunta inicial, ¿los motiva alguna otra circunstancia hacer esta demanda?

Es muy oportuna la pregunta y nos permite clarificar determinados puntos que pueden parecer como no claros; según los medios y por distintas causas judiciales anteriores a nuestra presentación, se estaría cuestionando la continuidad en el cargo de la Procuradora, circunstancia que en lo individual, ni al grupo de profesionales demandantes en su conjunto beneficia o perjudica, ni somos un grupo político desestabilizador del puesto de la doctora Falbo, ni de ninguno de los integrantes del Jurado Evaluador por ella convocado.

Nuestro reclamo bajo la forma de amparo colectivo se sucedió coincidentemente en este momento político en una forma casual, pero reitero en nombre de todos los profesionales firmantes, ninguno se beneficia con esta demanda, como tampoco pensamos que la misma va a definir algo políticamente, ese no es el objetivo de la misma.

¿Hasta dónde puede llegar la demanda presentada y qué consecuencias puede tener a futuro? Jurídicamente, ¿hasta dónde puede llegar el recurso de amparo colectivo presentado?

Pudo haber sido desestimado por el magistrado que por sorteo le tocara intervenir, circunstancia que no pasó; puede solicitar un pedido de informe al órgano demandado, en este caso la Procuración, dado que el Jurado Evaluador creado por reglamento, ya se desintegro, y de ahí adoptar alguna medida de no innovar, anulando el concurso y su resultado.

Obviamente y también es bueno aclararlo, el juez que interviene no puede bajo ningún aspecto ordenar, coloquen al doctor Fulano primero en el Orden de Méritos y que sea nombrado. Sintetizando, las consecuencias pueden ser que siga todo como lo dictamino el Jurado Evaluador, dado que no se encontraron o se clarificaron las cuestiones insertas en la demanda, o que declare nulo el concurso y se disponga la realización de otro; circunstancia que también puede ser apelada por la Procuración.

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