Denunciaron al jefe de la Unidad Penal 9 de La Plata

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) La denuncia promovida por Marcelo Romero fue luego de que el pasado viernes le solicitara al detenido Hernán Alfredo Bracco que se presente a declarar. Como se encuentra tras las rejas, es el personal del Servicio Penitenciario quien debe hacer el traslado. Lo sorpresivo fue que a pesar de que el juez de Garantías, titular del Juzgado N° 4, Juan Pablo Masi, aprobó el requerimiento de Romero, Bracco se negó verbalmente  a salir de su calabozo porque “no le gustaba nada ese fiscal”.

Aún más curioso fue que los agentes penitenciarios acataron los dichos del detenido y no del fiscal y el juez actuante.

En el escrito al que accedió ANDigital, el fiscal explica: “Ante la tardanza del traslado de dicho interno, teniendo en cuenta que el resto de los detenidos ya habían sido remitidos desde las distintas unidades penitenciarias y policiales a la Alcaidía de Tribunales, la Señora Instructora Judicial de esa Fiscalía, Paola Fernández, se comunica vía telefónica con la Unidad Penitenciaria N° 9, siendo informada por las autoridades de dicha dependencia que el interno Bracco se negaba a comparecer. Seguidamente, y a requerimiento de esta Fiscalía, se recibe vía fax el acta de notificación en la cual el interno expresó "me niego a comparecer porque no me interesa concurrir a dicho magistrado", motivo por el cual el SPB no trasladó al encartado”.

Es decir, los agentes del Estado consideraron un oficio de comparendo de un fiscal y autorizado por un juez, como equivalente a una invitación a tomar un café en el despacho judicial.

“Ante semejante disparate, bastaron dos llamados telefónicos, uno de Masi al Director de la Unidad, y otro del suscripto al Director General de Seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense”, expresó el fiscal.

Tras las comunicaciones, el interno Bracco llegó a los Tribunales Penales en tiempo récord.

Romero le adjudica estas conductas delictivas al Director de la Unidad, Daniel Mujica, por tratarse del máximo responsable de una estructura jerárquico-piramidal.

“El debido respeto a los Derechos Humanos no puede transformarse en terror o aversión a los organismos que los representan, ni mucho menos, aceptar prácticas ilegales con el sólo objeto de cubrir la responsabilidad de los funcionarios”, añadió.

El Servicio Penitenciario Bonaerense, en tanto auxiliar de la administración de justicia y del Ministerio Público, debe cumplir las decisiones de los magistrados judiciales”, adujo Romero.

“De seguir aceptando estas ilegalidades, no tardará de llegar el día en que jueces y fiscales tengamos que adecuar nuestras agendas de audiencias a los encuentros conyugales, a las visitas de mamá o de papá, a los partidos de fútbol, a los recitales de alguna banda de rock en el penal, a la humedad, al calor o al frío. La lista de absurdos podría ser infinita”, cerró el magistrado.

La denuncia recayó en la fiscalía 5 a cargo de Leyla Aguilar y del juzgado 4 en turno de Juan Pablo Masi. (ANDigital)