Los detalles de la estafa que el Ministerio de Salud le asestó a todos los bonaerenses

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El fiscal de delitos complejos de La Plata, Jorge Paolini, resolvió pedir la detención de 9 personas: Leonardo Daniel Paci, Hernán Daniel Paci, Hernán Jorge Azarri, Viviana Andrea Caleghi, Ana Beatriz Priolo, Carlos Luis Sanguinetti, Leonardo Durand, Víctor Hugo Shama, Víctor Hugo Casares y Federico Hugo Di Meglio, a quienes les atribuye los delitos de asociación ilícita, fraudes reiterados en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y falsificación de instrumento público y que, en su mayoría, son exfuncionarios del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Alejandro Collia –hoy secretario de Salud de la Municipalidad de La Matanza–, en pleno mandato de Daniel Scioli.

ANDigital accedió en exclusiva al expediente en el que se describen los delitos en que los implicados incurrieron durante los años 2012 y 2013, y el fiscal posee pruebas suficientes como acreditar que se cometieron los delitos mencionados.

En la hipótesis acusadora se explica que los ilícitos se cometieron en las localidades de La Plata y Adrogué, partido de Almirante Brown. Al menos tres funcionarios del Ministerio de Salud, conjuntamente con un empresario proveedor del Estado, su socio y el empleado de una imprenta, configuraron una asociación delictiva destinada a defraudar al Estado provincial mediante la presentación de documentación apócrifa (presupuesto, factura, remitos) tendiente a justificar el pago por parte de distintos organismos dependientes de la cartera sanitaria de diferentes prestaciones que nunca fueron ni habrían de ser cumplidos.

De este modo, lograron sustraer distintas sumas de dinero en concepto de pagos de la Subsecretaría de Atención de las Adicciones (SADA) y del Hospital Lucio Meléndez, de Adrogué.

Además, el fiscal tiene por probado que entre las defraudaciones realizadas, los particulares y los funcionarios públicos, conjuntamente con la directora general de Administración del Ministerio de Salud, acordaron la confección de al menos 5 expedientes licitatorios falsos por diversas compras que habría de efectuar la cartera para Adicciones, con el objeto de justificar de tal modo el pago de importantes sumas de dinero a determinadas empresas, a las cuales era direccionada la compulsa de antemano.

Conforme a lo convenido entre funcionarios y proveedores, los insumos licitados nunca habrían de ser entregados por la empresa ganadora o adjudicataria.

Los roles de la banda

Se acredita en el expediente mediante un amplio plexo probatorio que el empresario de la Salud Leonardo Paci, su socio en diversos emprendimientos Víctor Hugo Casares, y un empleado de una imprenta de Capital Federal que fue identificado como Víctor Hugo Shama, junto con el titular de la Subsecretaría de Atención de las Adicciones, Carlos Luis Sanguinetti, la delegada de la DGA, que a su vez era directora administrativa en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué, Viviana Andrea Caleghi, y un empleado de la Subsecretaría de Atención de las Adicciones sindicado como Hernán Jorge Azarri, conformaron una asociación delictiva con características de permanencia en el tiempo y división de roles y funciones específicas.

Las funciones estaban destinadas a defraudar al Estado con planes delictivos, todos ellos buscaron percibir distintas sumas de dinero en concepto de obligaciones no cumplidas.

Leonardo Paci: En su poder el fiscal encontró copias de cinco requerimientos que dieron origen a expedientes falsificados por la banda. Los expedientes, idénticos, fueron iniciados para dar origen a trámites que tienen la misma fecha de confección, en donde se fijan cantidades y precios de los insumos a adquirir.

Paci tenía vínculos con Casares, Shama, Azarri y Calleghi, el Hospital de Adrogué y la Subsecretaría de Adicciones. Se comunicaba con Azarri para armar las compras y licitaciones en las que habría de participar; es decir, conformaban en conjunto los presupuestos, facturas y remitos que constaban en las compulsas.

Paci es el dueño de la firma Inersan, junto a su hermano Gabriel. Hay facturas y remitos incorporados al expediente en los que queda constancia de las compras de insumos del hospital y la SADA.

Hernán Azarri: Al tiempo de los hechos, prestaba funciones en la SADA. Oficiaba como intermediario entre los funcionarios de esa dependencia y del Ministerio de Salud; junto a Paci armaba las defraudaciones. Indicaba por teléfono el modo en el que debían presentarse las ofertas, pedía facturas para rendir, acordando los porcentajes de las licitaciones, que habrían de repartirse entre los integrantes de la banda y asumió la tarea de modificación de los expedientes. Entre 2012 y 2013, Azarri se comunicó telefónicamente con Paci en más de 900 ocasiones. En esas charlas se mencionan los nombres de empresas, funcionarios y facturas.

Viviana Caleghi: Al tiempo de los hechos, cumplía funciones como delegada de la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud. También era directora en el Hospital de Adrogué. Se comunicaba con Paci y le pedía la documentación faltante para completar el armado de las licitaciones de ferretería, pintura y membranas, también le requirió una constancia de deudores morosos de la empresa Rucatek, los pagarés de los tres expedientes de Scabuzzo y ambos documentos de la firma BN Global. En una de las charlas, Caleghi le pidió que se apure con eso porque “si no me van a ganar la posta”. En la casa de Paci se encontraron facturas emitidas al nosocomio por parte de empresas ligadas a Paci.

En otra de las comunicaciones, Paci le cuenta a Casares que Caleghi “es la que nos lleva con Pérez –subsecretario de Administración del Ministerio– y “es la que nos trae todos los negocios a nosotros”.

Carlos Sanguinetti: Al tiempo de los hechos, era subsecretario de Salud Mental y Atención de las Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Suscribió los requerimientos que daban origen a los expedientes con los cuales se extrajo una suma cercana a los 500.000 pesos. Los pedidos administrativos “armados” siempre aparecen firmados por Sanguinetti: por ejemplo, el expediente con número 2899-2103/13 en el que se contemplaba la provisión de sopletes, que los imputados retiraron del pedido original de compra por ser bienes “inventariables”, con lo cual una eventual auditoría podría detectar el faltante de los mismos.

Sanguinetti debió haber firmado el pedido original de 5 renglones que incluía la provisión de sopletes y, luego, alertado que por tratarse de elementos inventariables tuvo que suscribir el requerimiento, pero esta vez suprimiendo el renglón correspondiente a estos elementos.

Como titular de la SADA, Sanguinetti fue quien instrumentó actos administrativos (cuadros comparativos de ofertas, actos de adjudicación) correspondientes al expediente en el que una de las firmas acercadas por Paci resultaría ganadora. Este funcionario no podía desconocer las maniobras que se realizaban con facturas truchas para justificar gastos, no era posible el accionar de la banda sin la autoridad máxima del área, era Sanguinetti quien realizaba las contrataciones de la SADA. Estas contrataciones de la Subsecretaría, que eran simuladas, comprometen a Sanguinetti. En una charla registrada entre Azarri y Paci, el primero le cuenta al segundo que Viviana Caleghi le pidió a otro empresario facturas para rendir “la caja chica de Sanguinetti”. A lo que Paci le responde que “a mí también me pidieron y deben estar necesitando un montón”.

Víctor Hugo Casares: Amigo y socio de Paci. Llevaba a la práctica gestiones encomendadas por Paci para armar tramites apócrifos y facturas a rendir en el Hospital de Adrogué y la SADA.

Víctor Hugo Shama: Era proveedor de presupuestos, remitos, facturas y documentación apócrifa por encargo de Paci. Aprovechaba su condición de empleado en la imprenta Artes Gráficas Aleph, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Esta empresa aparece cotizando en uno de los expedientes apócrifos, con número 2899-2040-13, para la compra de resmas de papel. Coordinaba con Paci la documentación a confeccionar para presentar en los diferentes organismos públicos involucrados.

Federico Di Meglio: Participó en el armado de los expedientes apócrifos dando información de diferentes empresas. Aportó los presupuestos de Rucatek, VN Global y Materyale. En un llamado mantenido con Paci, efectúa un repaso de los presupuestos que deben mandar a imprimir para armar las ofertas, y dice que las empresas que iban a ganar en cada llamado licitatorio era: “SADA 3; BN Global; SADA 2 Rucatek; SADA 1 BN GLOBAL, SADA 4 Materyale, SADA 5 Materyale”. Esos 5 expedientes fueron falsificados. Di Meglio y Casares eran empleados de la firma Mafra SA, titular de la Droguería Farmaline. El teléfono utilizado por Di Meglio está a nombre de Mifra SA.

Ana Beatriz Priolo: Al tiempo de los hechos era directora general de Administración del Ministerio de Salud. Suscribió resoluciones glosadas a los expedientes licitatorios apócrifos.

En su cargo direccionó en conjunto con otros funcionarios al menos cinco licitaciones a favor de un oferente que nunca cumplió con la entrega del producto licitado, a condición de repartirse el dinero que la firma ganadora percibiría por parte del Estado. Azzarri le dice a Paci en una conversación telefónica: “Es un tema que pidió Priolo, del Ministerio, me llamó Viviana, que estaba con Beatriz por el tema de los expedientes, dijo que ya necesitan armarlos y que mañana pasan los requerimientos”.

Leandro Durand: Empresario proveedor del Estado que fue convocado a participar de las licitaciones armadas por indicación de Priolo. En uno de esos expedientes apócrifos aparecen cotizando empresas vinculadas a Durand. Una de ellas es Citiprov, para la compra de cartuchos y toner para impresoras, licitación que fue adjudicada en el expediente 2899-2103/13. También participó para la compra de membranas y elementos para su aplicación.

Existe vínculo entre Durand y Priolo, que obra en el expediente. La esposa del primero es titular de la empresa IL Tedesco, que apareció cotizando en una compulsa de provisión de cartuchos y toners, y la mujer fue identificada como Ana Julia Becker.

Es importante destacar, como corolario, que hasta el momento todos los implicados fueron detenidos, a excepción de Sanguinetti y Shama, a quienes la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata les negó un pedido de habeas corpus. Ya con el doble conforme, hay una orden de captura que está vigente. Tal y como están los cosas en la actualidad, todos irán a juicio oral y público, previo a la aprobación del titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de La Plata, que al día de hoy es César Melazo. (ANDigital)