“La destitución del juez Arias es un duro golpe a la independencia judicial”

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) La Comisión Provincial por la Memoria advirtió que con la destitución del juez Luis Arias “finalizó un particular proceso que duró apenas 10 días y estuvo marcado por profundas inconsistencias en las acusaciones y ausencia de pruebas”.

Para el organismo público extra-poderes “esta destitución es un mensaje y se inscribe en una preocupante estrategia de disciplinamiento político que constituye un duro golpe a la independencia judicial”.

Luego resaltaron que en su trayectoria como juez, Arias “trazó un camino coherente: cumplió siempre con su deber de garantizar el acceso a la justicia y defender los derechos humanos de los ciudadanos que reclaman al Estado”.

Entre sus intervenciones recientes, ponderaron el trabajo que realizó “en pos de la verdad y la justicia en la investigación por la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata”.

“La decisión tomada por los integrantes del jurado avaló, con pruebas endebles, las principales acusaciones realizadas contra Arias por el procurador bonaerense que ofició de fiscal del jury”, enfatizó la CPM, en torno al rol de Julio Conte Grand.

Acto seguido, plantearon que “los consensos en torno a la parcialidad y animosidad política que condujeron este proceso de enjuiciamiento son amplios entre aquellos que vieron de cerca lo que sucedió en cada una de las audiencias”.

“La decisión política estaba tomada: Arias fue un juez justo que molestó e incomodó con sus fallos protectorios de derechos a los diferentes gobiernos provinciales”, prosiguieron.

Por todo esto, consideraron que “la destitución del juez Arias constituye un grave retroceso en materia de institucionalidad e independencia de poderes” y “se pone de manifiesto una clara intromisión de la política en las actividades y resoluciones de un juez”.

“Esto viola principios constitucionales al tiempo que pretende erigirse como un mensaje de disciplinamiento para quienes pretendan, dentro del sistema judicial, actuar con autonomía y compromiso por la defensa de los derechos de los más indefensos”, insistió la CPM.

Para la Comisión se trató “de un hecho gravísimo que debe poner en alerta a los tres poderes del Estado porque es la democracia la que se debilita cuando las instituciones del Estado y la independencia de poderes se trastoca”.

“En un contexto de regresión en materia de derechos humanos, donde parece completamente vedado el acceso a la justicia para aquellos que el Estado somete cotidianamente a padecimientos, acciones de esta magnitud sólo contribuyen a profundizar desigualdades y legitimar la impunidad y la injusticia”, sentenció. (ANDigital)