Ordenan el secreto de sumario en la causa de Johana Ramallo

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) Johana Ramallo sigue desaparecida. Ahora, al cumplirse 21 meses de la última vez que la vieron, la Justicia no sólo modificó (una vez más) a los funcionarios a cargo de la investigación, sino que en los últimos días ordenó el secreto de sumario.

La causa ya no es instruida por el fiscal Hernán Schapiro, sino que tomó intervención el instructor Gustavo Ferrara junto con el juez Adolfo Gabino Ziulú.

La familia de Johana pidió “prudencia” a través de un comunicado y dijo que harán declaraciones públicas una vez que se levante el secreto de sumario.

“Pusimos nuestros esfuerzos en visibilizar la búsqueda y denunciar su desaparición en manos de una red de trata, siempre nos dimos espacios para atender a la prensa, hacer comunicados y conferencias que transmitan cada novedad al respecto. En esta oportunidad hemos recibido mucho llamados preguntando sobre trascendidos de la causa de la búsqueda de Johana frente a lo cual la querella informa que la causa está en secreto de sumario y que hablará con la prensa cuando se levante el mismo”, explicita la misiva enviada a los medios.

Un repaso de la causa

El 27 de julio de 2017 Marta Adelina Ramallo denunció que el día anterior su hija, Johana Ramallo, de 23 años de edad, no había regresado a su casa. La presentación fue realizada ante la comisaría 16ª de La Plata, lo que motivó el inicio de una investigación en el ámbito de la Justicia provincial.

El 20 de septiembre de 2017 la mamá de la joven presentó otra denuncia ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, por entender que la desaparición de su hija podía estar vinculada con el delito de trata de personas.

A raíz de ello, la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, a cargo interinamente del fiscal general Hernán Schapiro, solicitó al juez federal que formulase un planteo de inhibitoria a la titular del Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, lo cual así fue requerido por dicho magistrado.

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2017, la titular del aludido Juzgado de Garantías declinó su competencia a favor de la Justicia federal.

De este modo, tras más de dos meses desde que se abriera la investigación en sede provincial, la causa había quedado radicada en el Juzgado Federal N° 1, que estaba a cargo de la instrucción en el marco del expediente N° 76789/2015, puesto que ésta no fue delegada a la Fiscalía.

Una vez arribadas las actuaciones a sede federal, a instancias del Ministerio Público, la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, en forma coordinada con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) de la Procuración General de la Nación, requirió diversas medidas al juzgado.

Cabe señalar que la Justicia bonaerense se sacó el problema de encima, la fiscal Betina Lacki de la UFI 2 no dio curso a otras líneas investigativas, accionar que le valió severas críticas.

Así, a través de la presentación de treinta dictámenes, hasta el día de la fecha el Ministerio Público Fiscal ha solicitado al juez la intervención exclusiva de fuerzas de seguridad federales en la investigación. Además, se requirieron ocho allanamientos; 42 declaraciones testimoniales; registros de vehículos pertenecientes a personas investigadas; rastreos con canes en distintas zonas de interés de la ciudad; así como pedidos de informes a organismos públicos y entidades privadas.

Se solicitaron además numerosas tareas de investigación, principalmente en relación a 17 personas que, conforme la información obtenida, podrían estar vinculadas con la desaparición de Johana.

Las tareas fueron solicitadas tanto en nuestro país como en la República de Paraguay – a través de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación.

Asimismo, desde la radicación de la causa en el fuero federal, se recibieron seis denuncias que daban cuenta del paradero de Johana, respecto de las cuales se requirió al juez interviniente la realización de diversas medidas con carácter urgentes sin que por el momento hayan arrojado luz respecto a lo que realmente sucedió.

Por otra parte, la Fiscalía ha pedido -y/o ha dispuesto el juzgado a cargo de la investigación -la intervención de organismos de protección tales como el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación; la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación; la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal de la Nación; el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el delito de trata; y la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, a fin de resguardar a los y las testigos, e intervenir ante vulneraciones de sus derechos detectadas durante la investigación.

El Ministerio Público Fiscal ha mantenido distintas reuniones con Marta Ramallo, así como un fluido contacto con sus abogados y abogadas, recibiendo diversos planteos e inquietudes de la querella que fueron canalizados a través de las vías procesales correspondientes.

Sin perjuicio de la tarea que se ha llevado adelante, a 17 meses de la radicación de la causa en el fuero federal, aún no ha sido posible dar con el paradero de Johana Ramallo. El Ministerio Público sostiene que continuará su intervención proactiva en la presente investigación, en procura de encontrarla y determinar quién o quiénes pudieron tener responsabilidad en su desaparición.

Por ello, se requirió a toda persona que tenga información útil para dar con su paradero que se comunique a la línea 145 o al teléfono (221) 483-1934, así como a través del correo electrónico [email protected], o bien se acerque a la sede la Fiscalía Federal de La Plata, ubicada en calle 55 N° 686 de La Plata o a la sede de la PROTEX en calle Perú 545, 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (ANDigital)