30 Mar. 2020 | 20:34
30 Mar. 2020 | 20:34
Villa Gesell

Tampoco declararon los dos rugbiers asesinos liberados

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  • Se trata de Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi. Ambos decidieron mantener el pacto de silencio que se inició poco después de consumado el asesinato de Fernando Báez Sosa.

    Milanesi y Guarino, los liberados.
    Milanesi y Guarino, los liberados.

    VILLA GESELL-BUENOS AIRES (ANDigital) Este jueves era el turno de declarar para los dos imputados pero liberados integrantes del grupo de diez rugbiers que asesinaron brutalmente a Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, y tomaron la misma decisión que la de sus compañeros: se negaron a brindar testimonio.

    De Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi se trata, ambos de 19 años de edad, quienes fueron liberados porque ningún testigo los ubicó en la escena del crimen esa madrugada fatal del sábado 18 de enero, poco más de un mes atrás.

    Sin embargo, ambos siguen involucrados en la causa y sobre ellos se mantiene la carátula por ser considerados partícipes necesarios del homicidio, además de las lesiones leves provocadas a los amigos de Fernando.

    Lo único que los diferenció de los ocho rugbiers que siguen presos –Máximo Thomsen (20), Ciro Petossi (19), Blas Cinalli (18), Ayrton Viollaz (20), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20) y Lucas (20) y Luciano Pertossi (18)– es que no cuestionaron a la fiscal del caso, Verónica Zamboni.

    Es importante destacar que el juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, fundamenta la presión preventiva sobre estos ocho rugbiers por varias cuestiones, como la pena en expectativa de prisión perpetua; el denominado “desprecio por la vida” que habrían demostrado tener; los mensajes por Whatsapp que se enviaron, en los que ordenaban no hablar el tema con nadie y, sobre Fernando, mencionaban que “caducó”; el hecho de haber involucrado a un inocente, tal el caso de Pablo Ventura, quien estuvo unos días preso por esa “broma”, y las posibilidades manifiestas de “riesgo de fuga” y “entorpecimiento de la investigación judicial”. (ANDigital)

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