viernes 29 de marzo de 2024 - Edición Nº3660

Policiales y Judiciales | 24 sep 2020

En sede judicial

Declaró Berra, negó haber espiado civiles y deslindó responsabilidades en Ritondo

El auditor de Asuntos Internos durante la gestión de Vidal se desligó de la acusación de espionaje sobre unas 1.500 personas, en su mayoría civiles. “Tirar un informe de Nosis no es ningún delito”, dijo.


LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El hombre apuntado como el armador del espionaje ilegal durante la era macrista en el territorio bonaerense, el extitular de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), Guillermo Berra, negó haber hecho trabajos de inteligencia sobre unas 1.500 personas –en su mayoría civiles que nada tenían que ver con la Policía Bonaerense– desde su cargo de privilegio en el Ministro de Seguridad, al declarar ante la titular de la UFI Nº 15 del Departamento Judicial La Plata, fiscal Cecilia Corfield.

En su testimonio, Berra dijo que todas las tareas desarrolladas desde su área fueron realizadas bajo un “marco legal”, y le apuntó Cristian Ritondo –hoy diputado nacional de Juntos por el Cambio– al sostener que el sistema Nosis utilizado para averiguar datos personales le fue proporcionado por el entonces ministro de Seguridad.

“Tirar un informe de Nosis no es ningún delito, es un instrumento que sirve para certificar datos y trabaja sobre bases públicas”, expuso el exfuncionario, muy cercano a Elisa “Lilita” Carrió y conocido “de toda la vida” de la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien agregó que el Nosis “es un instrumento de libre acceso que cualquier persona lo puede usar”.

Tras admitir que Ritondo “estaba al tanto de los pedidos” que hacía al Nosis, informó que tanto desde esa cartera como desde la de Justicia “nos pedían que consultáramos algunos datos”.

La carga de responsabilidades sobre Ritondo “por los seguimientos a civiles, funcionarios judiciales y dirigentes políticos” era una de las estrategias que la defensa del exauditor de Asuntos Internos intentaría plasmar, tal y como fue adelantado a ANDigital.

Ello en su afán por deslindarse de responsabilidades en la causa penal en la que tanto a Berra como a su esposa, la exdirectora de Control Patrimonial del mismo organismo, María Rosario Sardiña, se les imputan los delitos de “peculado, abuso de autoridad (dos hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según la hipótesis acusadora que elevó la fiscal, Berra y su mujer utilizaban recursos estatales para solicitar informes sobre la situación de particulares civiles, funcionarios del Poder Ejecutivo, exfuncionarios y hasta magistrados de la provincia de Buenos Aires, todo sin órdenes judiciales que los avalen y sin que esas fueran sus funciones dentro de ese área, exclusiva de análisis e investigación de mal desempeño del personal policial.

Para Corfield esto se corresponde con un exceso en el ejercicio de sus misiones y funciones: “Estaban a cargo de un ente administrativo y no de un organismo investigativo”, relató oportunamente un vocero judicial a ANDigital. (ANDigital)

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