viernes 26 de abril de 2024 - Edición Nº3688

Política | 10 dic 2014

En diálogo exclusivo

Casal ponderó el plan de desarme de Scioli y defendió las políticas de reinserción para detenidos

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires destacó la Ley que propone la destrucción de armas de fuego. Durante una entrevista con ANDigital, resaltó “la rapidez y la identificación individual de proyectiles” que propone la norma. También hizo referencia al fallo judicial que condenó a los responsables de saqueos en 2012. “Se trata de un fallo ejemplar”, expresó. Por otra parte, sostuvo que “la remuneración” de personas privadas de su libertad “debe estar ligada a la inserción social”.


LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, destacó este miércoles el plan de desarme que lleva adelante el gobierno de Daniel Scioli, al tiempo que se pronunció sobre la liberación del mediático “motochorro” Gastón Aguirre; por otra parte, remarcó el fallo del Tribunal Penal 7 de San Martín, que condenó a quienes llevaron adelante saqueos en el año 2012.

En diálogo con ANDigital, el funcionario bonaerense resaltó la importancia de destruir las armas que se incautan en operativos policiales y judiciales. “Se da en el proceso de destrucción permanente que tenemos con la Procuración General de Justicia, este ministerio colabora junto con el Registro Nacional de Armas de la Nación. Las armas han sido obtenidas por medio de operativos e irán a Campana para su destrucción total”, detalló.

En este sentido, se refirió a la promulgación de la Ley de desarme que el Gobernador realizó este miércoles en la Procuración General, al sostener que “el primer punto saliente es el llamado proyectil testigo, porque se trata de una demanda histórica para que se identifiquen proyectiles y se individualicen”.

También señaló “la destrucción de armamento en forma rápida” y el secuestro inmediato de armas en domicilios donde existan denuncias familiares”, como otros dos puntos centrales de la norma.

En otro orden, y al ser consultado sobre la excarcelación de Gastón Aguirre, apodado como el “motochorro”, el ministro se quejó de la cobertura mediática y fundamentó la excarcelación otorgada por la Justicia.

“Fue una muy mala propaganda para el país, porque hubo un video que recorrió el mundo, donde se vio cómo un turista que invertía en el país pasó un mal momento”, expresó uno de los hombres más cercanos al mandatario provincial, quien interpretó que la calificación penal formulada por el tribunal “es una tentativa de robo con arma y es una figura excarcelable”.

Sin embargó, reconoció que “hubo un actuación de la Justicia un poco lenta, ahora el fallo es cuestionable. Jurídicamente fue un grado de tentativa y el grado menor es alcanzado por la excarcelación”.

Por otra parte, Casal ponderó el fallo del Tribunal Penal 7 de San Martín, que condenó a los culpables de saqueos llevados a cabo en 2012: “Dictó sentencia sobre siete personas en un solo hecho con condenas de seis años y es interesante que el tribunal califique este episodio como una 'Turba Vandálica' que interfiere la paz social”.

En la misma línea, calificó este fallo como “ejemplar” y aseguró que sienta jurisprudencia, ya que “por primera vez, la Justicia hace una consideración sobre la invasión que se le hace a los comerciantes, y en menos de dos años se dictó sentencia final en este proceso”.

Antes de finalizar, y al ser consultado sobre el debate que se instaló en base al otorgamiento de derechos laborales para detenidos, el titular de Justicia repasó las políticas del Ejecutivo provincial en materia de reinserción.

“Scioli en 2011 promulgó la Ley laboral para el liberado y, en base a eso, trabajamos con los municipios y las empresas para la capacitación laboral”, recordó, al tiempo que rescató la seguridad laboral que promueve la iniciativa "por fuera del Servicio Penitenciario, porque hay más de 400 proyectos educativos, a través del trabajo que hace la Facultad de Periodismo en la unidad 9”.

En este contexto, manifestó que “el sentido de la remuneración debe estar ligado a la inserción social. Los sectores empresarios deben garantizar que quienes se formaron en la cárcel, al salir tengan su empleo. Por eso vamos”. (ANDigital)

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