Diputados da media sanción al proyecto que declara la Emergencia en Infraestructura en la Provincia

LA PLATA-BUENOS ARES (ANDigital) La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este miércoles, ya entrada la noche, el proyecto que declara la Emergencia en Infraestructura y Servicios Públicos en el ámbito de la Provincia por el término de un año, con la finalidad de agilizar los procesos licitatorios y transformar el sistema de contrataciones.

Cambiemos, el Frente Renovador, el FAP y el Justicialismo Bonaerense votaron a favor de la iniciativa que había solicitado de manera explícita la gobernadora María Eugenia Vidal durante el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, esgrimiendo la lentitud que envuelve a una licitación hasta el momento de su adjudicación. En tanto, el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se pronunciaron en disidencia.

El escrito girado al Senado presenta una serie de modificaciones con respecto al proyecto presentado en diciembre de 2015, que debió aguardar por su tratamiento a raíz de la negociación política entre el oficialismo y la oposición para alcanzar en enero la aprobación del Presupuesto y el pedido de Endeudamiento.

Entre los cambios introducidos, se detalla la creación de una Comisión Bicameral, compuesta por tres diputados y tres senadores designados por los presidentes de las respectivas Cámaras, que tendrá la función de seguimiento, fiscalización y control.

Así las cosas, el Poder Ejecutivo deberá presentar en el término de 60 días ante la mencionada comisión “un plan de obras que contenga los objetivos, la individualización de las obras a ejecutar, la cuantificación de la inversión necesaria para su realización y el plazo de ejecución de cada una de ellas”.

Dos de los puntos más polémicos que desataron cruces y posiciones contrapuestas en el recinto, fueron los relativos al papel de los organismos de control y la posibilidad de contratar empresas por fuera de lo establecido en el Registro de Proveedores.

El artículo 4° del proyecto establece que “en caso de que los organismos de asesoramiento y control no remitieren el informe, dictamen o vista requerido” en el plazo de siete días, “se entenderá que no existen objeciones que formular, quedando el funcionario requirente autorizado para disponer la continuación del trámite” en cuestión.

En otro pasaje, el artículo 6° autoriza “a los órganos contratantes a diferir el requerimiento de la constancia de inscripción en los Registros de Proveedores y Licitadores y, en este último caso, a considerar cumplimentado provisoriamente tal requisito con la presentación del certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública”.

“La obra pública en los años del kirchnerismo fue fenomenal, la más grande de la historia argentina, fundamental para bajar la desocupación, y lo hicimos sin emergencia, sin cambiar leyes, sin evadir organismos de la Constitución”, espetó el diputado provincial por el Frente para la Victoria, y exintendente de Berazategui, Juan José Mussi.

Más efusivo fue su compañero de bancada, el exjefe comunal de Coronel Suárez, Ricardo Móccero. “La gobernadora habló de transparencia, pero esto es lo opuesto, porque quieren eludir los mecanismos de control. ¿De qué emergencia estamos hablando?”, disparó, e insistió: “Esto no es transparente, no tiene sentido. Los mecanismos de control son ley, no vamos a ser cómplices del desmanejo y las irregularidades”.

En la misma sintonía habló Andrés Quinteros, quien consideró que “la emergencia no justifica eludir los mecanismos de control, porque esto faculta al Gobierno provincial a llamar a licitación cuanto y cuando quiera”. Sin embargo, y a diferencia de sus pares que hicieron sentir su voz, blanqueó que no se opuso a la declaración de emergencia, argumento que desnuda las diferencias indisimulables en el espacio.

Desde Cambiemos defendieron la iniciativa y apuntaron los cañones contra la administración sciolista. “Podríamos hablar de obras que se iniciaron y no terminaron”, señaló el diputado César Torres, y sacó a la luz las estadísticas negativas en materia de infraestructura.

“La provincia tiene un déficit de cuatro millones de habitantes que están en situación de crisis habitacional. También hay un déficit de rutas y caminos, ya que el 30 % de los accidentes de tránsito a nivel nacional se dan en la provincia; son 2324 víctimas fatales en un año, por mal estado de las rutas”, graficó.

Otras de las voces en el espacio oficialista fue la del jefe de bloque, Jorge Silvestre, quien instó a “recuperar lo que a la provincia le corresponde”, y recordó que la actual gestión tiene que “construir obras que el gobierno anterior no terminó”.

“Esto que estamos solicitando es para terminar una gran cantidad de obras que no se concluyeron”, amplió, al tiempo que sintetizó: “La gobernadora tiene que tener las herramientas por poner en marcha la provincia de Buenos Aires”.

Por último, el massimo se abocó a justificar su posición de aliado crítico del oficialismo. Fue su titular de bancada, Juan José Amondarain, quien admitió que “no da para más que nosotros sigamos insistiendo en mecanismos de este tipo”, pero manifestó que si esta herramienta “se emplea con transparencia y respeto, será de utilidad”, factor por el cual le pidió a la mandataria provincial “actuar de manera ejemplar”. (ANDigital)