El Código de Ética opositor neutraliza la Oficina Anticorrupción de Vidal

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) La creación de la Oficina Anticorrupción en la provincia de Buenos Aires marcará el pulso de discusión en la Legislatura bonaerense tras el receso invernal, luego de que se diera a conocer la intención de la oposición en su conjunto de aprobar por ley un Código de Ética Pública y Transparencia, como contrapartida a la Oficina de Fortalecimiento Institucional, una iniciativa que se cocina a fuego lento en el Ministerio de Justicia, con la idea de que se concrete antes de fin de año.

Por primera vez desde la asunción de la gobernadora María Eugenia Vidal el grueso de la oposición, encabezado por el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el FAP, ha decidido tomar las riendas de la agenda política y el próximo 3 de agosto buscará aprobar un proyecto unificado en la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados, para crear el Código de Ética Pública y Transparencia, un órgano extra poder, con autonomía funcional y autarquía financiera.

Se trata de la confluencia en un mismo texto de distintas propuestas redactadas anteriormente por los legisladores Ricardo Lissalde y Lisandro Bonelli (FR); Rubén Grenada (FAP) y Rocío Giaccone (FpV), en el que se regulan puntos vinculados con la publicidad oficial, incompatibilidades de funcionarios, nepotismo y declaraciones juradas.

“La reforma política es mucho más que la reforma electoral; esta iniciativa obedece a ubicar en un solo lugar una serie de ideas presentadas por legisladores de distintos partidos políticos, para ordenar declaraciones juradas, la designación de familiares en cargos públicos y publicidad oficial”, explicó en diálogo con ANDigital, el presidente de la Comisión de Reforma Política de la Cámara Baja provincial, Pablo Garate.

El código promueve la creación de un Tribunal de Ética que estará integrado por cinco miembros, quienes serán elegidos por concurso y con acuerdo de ambas cámaras legislativas, en concordancia con lo expuesto por el artículo 3 de la Constitución Provincial, que prevé la creación del Tribunal Social, con la función de examinar los hechos de corrupción de los funcionarios públicos de los Municipios y la Provincia.

“Lo planteamos como un organismo fuera de los poderes del Estado –que no dependa del Poder Ejecutivo ni del Legislativo–, para darle autonomía, y que esos funcionarios puedan ser electos una sola vez e intervengan desde el profesionalismo, porque al elegirlos por concurso los estamos eligiendo por méritos y no por cuestiones políticas”, precisó.

Respecto al nepotismo, el escrito señala en otro de sus capítulos la prohibición de la designación o nominación de familiares mencionados en las áreas funcionales, administrativas, técnicas, de maestranza, operativa, de planta permanente del organismo o dependencia del Estado en el cual el funcionario designante cumpla funciones o cargo electivo.

Al respecto, Garate admitió que “debería darse por sentado que esto no ocurriera, pero apuntamos a regularlo”, y puso como ejemplo los reiterados casos donde “el intendente que pone a su mujer como primera concejal para que lo reemplace cuando éste no está”.

En otro punto, y pese al decreto firmado por la gobernadora Vidal, que obliga a los funcionarios y al personal policial con rango de subcomisario a revelar públicamente su patrimonio, el Código de Ética pone el acento en la presentación de las DDJJ por parte del gobernador y vice, ministros, secretarios y directores, el Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Jurado de Enjuiciamiento, Municipio, concejales, y empresas, sociedades y otros entes del Estado.

Si bien el titular de la Comisión de Reforma Política en Diputados rescató la existencia de “algunas buenas iniciativas, como las Declaraciones Juradas”, aclaró que el objetivo de la iniciativa es “hacerlo con otros aspectos dentro de una misma ley”.

La publicidad oficial y las incompatibilidades de funcionarios son otros puntos contemplados por el Código. El tribunal tendrá la misión de constatar que la publicidad “no sea usada partidariamente”, en tanto que se regula el destino de los obsequios recibidos por los funcionarios con el foco puesto en las “prebendas”.

La OFI, unipersonal

Con signos de sorpresa por la propuesta opositora, desde el entorno del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, ratificaron en declaraciones a ANDigital lo expuesto durante el último fin de semana, sobre la puesta en funcionamiento de la Oficina Anticorrupción en territorio provincial.

Bajo el nombre de Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), que el Ejecutivo apuesta a crear por decreto, con rango de secretaría dependiente de la cartera judicial, tendrá como objetivos primordiales el diseño de programas de prevención y transparencia, al tiempo que oficiará como receptáculo de investigaciones y denuncias.

El propio Ferrari es quien se está encargando en persona de definir y moldear la OFI. “Es un tema bien político, lo está llevando adelante el ministro”, añadió uno de sus voceros.

“Una cuestión publicitaria”

Pese a la decisión del Gobierno bonaerense de avanzar con un órgano anticorrupción, Garate marcó sendas diferencias entre ambas propuestas.

“La gobernadora por ahí tiene buena voluntad en crear la Oficina Anticorrupción, pero dependiendo del Ministerio de Justicia, obviamente pierde independencia”, matizó.

En ese sentido, y para terminar, esbozó que “el planteo de armar una Oficina Anticorrupción bajo la dependencia del Ministerio de Justicia tiene más de cuestión publicitaria que cuestión real”, y consideró que “quien debe controlar a los funcionarios públicos debe ser alguien que no esté involucrado”. (ANDigital)