Inhibición de bienes y prohibición de salir del país para Alberto Pérez

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El fiscal Álvaro Garganta solicitó la inhibición de bienes y la prohibición de salir del país para los exfuncionarios sciolistas Alberto Pérez y Walter Carbone, además de otras tres imputadas en la Ruta del Dinero S.

La requisitoria judicial a la que accedió ANDigital da cuenta de que se solicita la inhibición general de bienes de los mencionados imputados, además de Sandra Mamberti, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli.

Además, se le solicita a la jueza interviniente, Marcela Garmendia, que les prohíba salir del país en caso de no contar con autorización judicial.

El fiscal entiende que todos los imputados, en roles divididos durante su ejercicio al frente de cargos públicos en el Gobierno de Daniel Scioli, cometieron los delitos de “peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Todo ello en 25 hechos.

Además, el representante del Ministerio Público expone que el perjuicio ocasionado a la administración pública fue de, al menos, 10 millones de pesos.

Cabe consignar que el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, habilita al juez de garantías “luego de recibida la declaración del imputado” a ordenar el embargo y/o la inhibición general de bienes, “hasta cubrir la cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas”.

Al pie del petitorio, el fiscal expone: “vengo a solicitarle a la jueza que proceda a la inhibición general de bienes, respecto de los imputados Alberto Pérez, Walter Edgardo Carbone, Sandra Mamberti, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli, por un valor de 15 millones de pesos, monto estimado para satisfacer la cuantía del perjuicio mencionado en la materialidad ilícita objeto de la imputación que se les realiza así como las costas del proceso, y se disponga además que los mismos no podrán salir del país sin previa autorización judicial”.

El origen de la causa

La investigación penal se inició luego de una denuncia presentada por la diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, contra la administración de Daniel Scioli.

El auto de procesamiento –al que accedió ANDigital– se funda en que para el fiscal en el expediente obran elementos suficientes como para sostener que durante los años 2014 y 2015 Pérez y Carbone sustrajeron, al menos en 25 ocasiones, la suma de $ 10.720.347, destinados a supuestos eventos mediante autorización expresa de pago en efectivo del jefe de Gabinete, que favorecía a quien fuera dueño del dragón secuestrado en el barrio privado privado Abril, Walter Carbone.

Entre los pagos para eventos, que tenían como fin recaudar vaciando las arcas del Estado provincial, en la investigación del fiscal obra el programa “Buenos Aires Arena 2014”, con el que se sustrajeron 344.800 pesos.

En tanto, encuentros con intendentes, delegados municipales, mesas de diálogo político, capacitaciones y colaboraciones con entidades de bien público son algunas de las maniobras “fantasma” que, según indica la hipótesis de la Fiscalía, se emplearon para el enriquecimiento propio y el desvío de fondos para la pasada campaña presidencial del Frente para la Victoria, en el binomio conformado por Daniel Scioli-Carlos Zannini.

En la causa, el fiscal incorporó órdenes de pago y expedientes elaborados a proveedores que se repetían. Además, los proveedores que figuraban en los papeles declararon en la dependencia judicial de lavado de activos que nunca prestaron los servicios figurados y que en ningún caso recibieron los pagos que allí se consignan.

Por citar algunos de los casos, se mencionan particulares que ofrecían viajes, publicidades, ploteos y pinturería, entre otros servicios.

Tanto Pérez como Carbone están comprometidos por los delitos de “peculado en concurso ideal” con el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, todos ellos en 25 hechos.

En su hipótesis acusadora, el fiscal sostiene en el escrito al que accedió ANDigital que, respecto de Alberto Pérez, y en su carácter de titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, suscribió todas y cada una de las resoluciones habilitantes del gasto, disponiendo del pago en efectivo en favor de Walter Edgardo Carbone, lo que también conforma una asociación ilícita, tal y como la diputada Elisa Carrió lo planteó en su escrito judicial.

Respecto de Walter Carbone, en su carácter de subsecretario administrativo, fue el beneficiario de los anticipos, y Garganta sostiene que fue quien efectivamente percibió las sumas de dinero en efectivo autorizadas por cada una de las órdenes extrapresupuestarias. Las mismas fueron libradas por orden del entonces ministro, además de ser el responsable de conformar todas y cada una de las facturas que se constataron luego como apócrifas.

Se valoró en contra de Carbone, a modo indiciario, el hallazgo en su domicilio del Country Abril, barrio Las Araucarias, casa 46 del partido de Berazategui, de una caja de seguridad encubierta en una obra de arte con forma de dragón, ya que esto denota un manejo de dinero en efectivo, incompatible con el de una vivienda familiar, y con el sueldo de un empleado público con el cargo que él mismo ostentaba.

El fiscal también imputó a Alicia Sandra Mamberti, quien era directora general de Administración del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. (ANDigital)