Fariña: “Scioli, De Vido y la CAC manejaban toda la obra pública” bonaerense

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El empresario Leonardo Fariña, imputado en la causa por la “Ruta del Dinero K”, declaró este lunes durante más de dos horas en La Plata y salpicó al exgobernador bonaerense, Daniel Scioli; al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y a autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción.

El exmarido de Karina Jelinek mantiene el beneficio de la prisión domiciliaria y no se consignó como domiciliado en su declaración, ya que está sometido al programa de Protección Nacional de Testigos y se encuentra a la espera del juicio oral y público.

Fariña había sido citado para este lunes en el marco de la investigación que se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires contra la administración de Daniel Scioli que tiene imputados a Alberto Pérez (exjefe de Gabinete) y a Walter Carbone (exsubsecretario Administrativo) por malversación de fondos. A ambos se les prohibió salir del país y se les pidió el embargo de bienes por 15 millones de pesos.

En la declaración que realizó Fariña, a la que ANDigital tuvo acceso, dijo que existieron irregularidades en la obra pública de la provincia de Buenos Aires bajo el Gobierno de Scioli y señaló que el exgobernador digitaba junto a Julio De Vido y junto a la Cámara Argentina de la Construcción los adjudicatarios de las mismas.

Bajo juramento, aseveró que hubo un plan sistémico de vaciamiento de las arcas públicas que, si bien se llevó a cabo a nivel nacional, también se hizo en la Provincia.

En su exposición, presenciada por el fiscal platense Álvaro Garganta junto a uno de sus instructores, el empresario reveló que el Grupo Báez intentó ingresar al circuito de obras de Buenos Aires en los años 2010 y 2011.

“Entre julio y septiembre del año 2010 se le había asignado de palabra a Lázaro Báez la obra de la ruta interbalnearia, hecho que motivó a que la introdujera dentro del cash flow para el armado del fideicomiso ACSA (Austral Construcciones Sociedad Anónima)”, indicó.

Y remarcó que “eso trajo un problema muy grande, pues esa obra no le fue adjudicada, lo cual le fue comunicado por el señor Néstor Kirchner a Lázaro Báez, Martin Báez y Claudio Bustos. Las explicaciones que dio Báez al grupo era que tanto en la Cámara Argentina de la Construcción como el gobernador de la Provincia no estaban de acuerdo en que Báez ingrese al circuito de la obra pública” bonaerense”.

Además, señaló a los “dueños” de la obra pública en la provincia de Buenos Aires y sindicó a Daniel Scioli como uno de los encargados de designar directamente las obras y los adjudicatarios. “Se manejaba entre (Carlos) Wagner, que era el presidente de la CAC (Cámara Argentina de la Construcción) , el gobernador de la provincia, que era Scioli y el ministro de Planificación que era De Vido”.

En otro tramo de su declaración, Fariña dio detalles tales como que las obras a licitar se armaban y se organizaba con el modo, lugar y fecha con la persona a designar, además aseveró que a partir de allí se pergeñaban las subcomisiones o “camaritas constructoras”.

“Esos clubes se armaban en la CAC, en 7 y 54 de La Plata. Esos clubes los armaban entre el año 2010 y 2011 y el mayor peso lo tenía Wagner”, puntualizó, y advirtió que para que este dirigente sea presidente de la Construcción “se cambió hasta el estatuto porque solo tenía una PyME y por eso no podía serlo”.

“En paralelo se modificó la ley de obra pública 13.064 donde se reemplaza el acopio de materiales por el anticipo financiero. El club lo armaba Carlos Wagner, y luego lo reemplazo (Gustavo) Weiss”, agregó Fariña en la testimonial a la que accedió este medio.

En su deposición de más de dos horas también detalló que las obras eran viales, habitacionales y de infraestructura en diferentes municipios y “había un enojo de Lázaro Báez por no haber podido entrar en muchas obras”.

Sobre el “mini club” integrado por la CAC, Scioli, De Vido y otros empresarios dijo que allí mismo se elegía la empresa que iba a ser la adjudicataria de la obra en cuestión.

“Este es el club de la obra pública. Allí se ponían de acuerdo ciertas cantidades de empresas ya sabiendo quien iba a ser adjudicatarios y cuatro ofertaban por encima de la quinta que iba a ser la ganadora”, detalló dando cuenta de una metodología espuria.

Fariña contó que existió una metodología recaudatoria entre funcionarios provinciales, empresarios y funcionarios nacionales: “la pregunta es, para qué sale en efectivo, si según la ley más de mil pesos deben ser por transacción. Esto es la parte fraudulenta de la asignación de obra pública”. 

“En concreto, la empresa que obtenía la obra pública, luego entregaba cheques a cooperativas, mutuales, etcétera quienes luego eran cobrados por ellas en efectivo y luego se la daban a quien le dio el cheque. Todo esto va en contra de toda norma bancaria”, prosiguió, al tiempo que recalcó que “todo ese dinero terminaba en gobernadores y empresarios”, mientras que “los organismos de control miraban para otro lado”.

Los investigadores le preguntaron a Fariña si el extitular de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella, era ‘valijero’ de Scioli, lo que provocó que el empresario niegue ese escenario.

Por último, agregó información sobre Juan Suris de quien dijo que se dedicaba a hacer facturas apócrifas: “se autoproclamaba como que se dedicaba al negocio de la facturas apócrifas. Tenía una sede en Bahía Blanca, que a su vez tenía un montón de personas trabajando para él donde le traían empresas que necesitaban facturación. Esto lo declara él en la causa de narcotráfico que tiene”.

El origen de la causa

La investigación penal se inició luego de una denuncia presentada por la diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, contra la administración de Daniel Scioli.

El auto de procesamiento –al que accedió ANDigital– se funda en que para el fiscal en el expediente obran elementos suficientes como para sostener que durante los años 2014 y 2015 Pérez y Carbone sustrajeron, al menos en 25 ocasiones, la suma de $ 10.720.347, destinados a supuestos eventos mediante autorización expresa de pago en efectivo del jefe de Gabinete, que favorecía a quien fuera dueño del dragón secuestrado en el barrio privado privado Abril, Walter Carbone.

Entre los pagos para eventos, que tenían como fin recaudar vaciando las arcas del Estado provincial, en la investigación del fiscal obra el programa “Buenos Aires Arena 2014”, con el que se sustrajeron 344.800 pesos.

En tanto, encuentros con intendentes, delegados municipales, mesas de diálogo político, capacitaciones y colaboraciones con entidades de bien público son algunas de las maniobras “fantasma” que, según indica la hipótesis de la Fiscalía, se emplearon para el enriquecimiento propio y el desvío de fondos para la pasada campaña presidencial del Frente para la Victoria, en el binomio conformado por Daniel Scioli-Carlos Zannini.

En la causa, el fiscal incorporó órdenes de pago y expedientes elaborados a proveedores que se repetían. Además, los proveedores que figuraban en los papeles declararon en la dependencia judicial de lavado de activos que nunca prestaron los servicios figurados y que en ningún caso recibieron los pagos que allí se consignan.

Por citar algunos de los casos, se mencionan particulares que ofrecían viajes, publicidades, ploteos y pinturería, entre otros servicios.

Tanto Pérez como Carbone están comprometidos por los delitos de “peculado en concurso ideal” con el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, todos ellos en 25 hechos.

En su hipótesis acusadora, el fiscal sostiene en el escrito al que accedió ANDigital que, respecto de Alberto Pérez, y en su carácter de titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, suscribió todas y cada una de las resoluciones habilitantes del gasto, disponiendo del pago en efectivo en favor de Walter Edgardo Carbone, lo que también conforma una asociación ilícita, tal y como la diputada Elisa Carrió lo planteó en su escrito judicial.

Respecto de Walter Carbone, en su carácter de subsecretario administrativo, fue el beneficiario de los anticipos, y Garganta sostiene que fue quien efectivamente percibió las sumas de dinero en efectivo autorizadas por cada una de las órdenes extrapresupuestarias. Las mismas fueron libradas por orden del entonces ministro, además de ser el responsable de conformar todas y cada una de las facturas que se constataron luego como apócrifas.

Se valoró en contra de Carbone, a modo indiciario, el hallazgo en su domicilio del Country Abril, barrio Las Araucarias, casa 46 del partido de Berazategui, de una caja de seguridad encubierta en una obra de arte con forma de dragón, ya que esto denota un manejo de dinero en efectivo, incompatible con el de una vivienda familiar, y con el sueldo de un empleado público con el cargo que él mismo ostentaba.

Resta recordar que el fiscal también imputó a Alicia Sandra Mamberti, quien era directora general de Administración del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. (ANDigital)