22 Oct. 2020 | 09:29
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Mal momento

Scioli declaró por más de tres horas y fue tildado de “asesino” por inundados de La Plata

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  • Con insultos como prólogo, el exgobernador bonaerense declaró este jueves ante la Justicia Los vecinos nucleados en asambleas barriales de la capital provincial le dieron una especial bienvenida, con pancartas que le recordaban la tragedia que los días 2 y 3 de abril de 2013 dejó al menos 89 víctimas fatales. En su declaración, negó los cargos que los sindican como líder de una asociación ilícita.

    LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El excandidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, ingresó este jueves a las 10.04 al edificio de fiscalías que en La Plata se ubica en 7 entre 56 y 57.

    Accedió por una puerta lateral en un vehículo conducido por uno de sus asistentes y en su ingreso esquivó a la prensa, al tiempo que fue insultado por los asambleístas platenses, quienes no solo le profirieron descalificaciones fuertes y subidas de tono, sino que además lo tildaron de “asesino”.

    “Scioli es uno de los responsables de la tragedia y lo queremos ver preso. Quiso ocultar el número real de victimas queriendo junto a sus ministros cerrar la cifra de fallecidos en 52, cuando todos sabemos que fueron más de 89. Se trató de un crimen social”, coincidieron los vecinos nucleados en asambleas que dialogaron con ANDigital.

    El exgobernador declaró este jueves en la causa que lo tiene imputado y con la que enfrenta cargos por asociación, ilícita, malversación de caudales públicos, peculado y fraude al Estado. La denuncia inicial fue promovida por la legisladora nacional, Elisa Carrió, y en el expediente están imputados exfuncionarios del pasado Gobierno provincial, como Alberto Pérez, Walter Carbone y Eduardo Aparicio.

     

    Su exposición

    El exgobernador bonaerense Daniel Scioli declaró de manera “informativa” ante la Justicia bonaerense y aseguró que “jamás” incidió en las contrataciones de sus ministerios y negó las acusaciones por lavado de activos y defraudación a la administración durante su gestión en la Provincia.

    Scioli fue llamado a declarar por el fiscal platense Álvaro Garganta, luego de que el 9 de febrero pasado llevara a la Justicia una extensa presentación en la que se desvinculó de las irregularidades que se investigan.

    Cabe reseñar que Scioli y sus exfuncionarios están acusados de los delitos de “asociación ilícita”, “lavado de activos” y “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

    La exposición se prolongó por dos horas en la sede de la UFI 11, ubicada en avenida 7 entre 56 y 57, donde Scioli sostuvo que durante su paso por la Provincia “jamás” incidió para que algún ministerio contrate a una empresa o le adjudique a una persona alguna obra, al tiempo que justificó el uso de vuelos privados.

    El excandidato presidencial del FpV dijo que se presentó a declarar para “aclarar esta situación”, la que consideró de “amplia repercusión”, aunque advirtió que existe una “distorsión” del proceso “donde de antemano ya se instalan supuestos, y que realmente hace un gran daño desde lo humano y lo político”.

    Luego, según el testimonio al que accedió ANDigital, el exgobernador indicó que durante su gestión buscó “en todo momento, la plenitud y la independencia de funciones de los organismos de control, antes, durante y después de los que son las decisiones de los actos de Gobierno”.

    “Por ello, cuando llegaba a mi firma un decreto, lo primero que yo me fijaba era si habían dado su conformidad todos estos organismos de control. Y luego ante cualquier recomendación, o sugerencia, la incorporaba, y no salía ningún acto de Gobierno sin esa recomendación reformulada”, alegó.

    En otro pasaje, consultado sobre su relación con Juan Carlos Mancinelli, presidente de una empresa que recibió varias adjudicaciones durante la gestión Scioli, el exgobernador dijo que lo conoció “cuando me fui a vivir ahí (a Tigre) en el año 2007” y que “era un empresario que venía trabajando desde el año 2002 en Nordelta”.

    “A partir de ahí -agregó- tomé conocimiento por los medios de que se lo presentaba a Mancinelli como el Lázaro Báez mío, y que había vaciado ABSA”, la empresa estatal dedicada a proveer el servicio de agua y cloacas en toda la Provincia.

    En ese sentido Scioli dijo que “jamás Mancinelli se inscribió como proveedor y jamás hizo una obra para ABSA” y aseveró que “nunca mezclé lo personal con lo funcional, a punto que en la administración mía, tuvo una ínfima participación como proveedor de la Provincia”.

    Interrogado acerca de los vuelos privados durante el final de su administración, que la justicia sospecha que fueron viajes de la campaña presidencial disfrazados de salidas oficiales, Scioli explicó que el uso de aviones que no fueran de la flota del Estado provincial se decidió tras “dos episodios concretos” que vivió.

    “Uno de ellos cuando era vicepresidente, que me asignan un (avión) Lear 25 que decidí no subirme más por la antigüedad que tenía, y desgraciadamente días después se precipitó a tierra y se mataron todo” y “luego un avión recuperado por la policía en un operativo narco, y en el vuelo posterior al mío protagonizó un dramático accidente el doctor (Ricardo) Casal y la doctora (María del Carmen) Falbo”.

    “Todo ello me generó, una inseguridad absoluta", explicó y aseguró que “en este marco es que se hacían los viajes contratados con esas empresas, porque la otra opción era comprar un avión nuevo que valía 12 millones de dólares, y por estar encarando el tramo final de mi mandato se optó por el sistema de alquilar”.

    Finalmente, aclaró que “nunca” tuvo “ningún tipo de injerencia” para determinar la empresa que se contrataba para los vuelos, ya que, según dijo en el testimonio al que accedió este medio, “el mecanismo de contratación estaba dentro de la órbita de la Unidad Gobernador”.

    En la causa en la que declaró Scioli están procesados su exministro de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio; su exjefe de Gabinete, Alberto Pérez; el exsubsecretario Administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, y varios exfuncionarios de segunda del Ministerio de Infraestructura bonaerense, entre otros.

    La denuncia contra Scioli y su equipo de gobierno fue presentada en junio del año pasado en la Justicia platense por la diputada nacional Elisa Carrió, y la causa recayó en la UFI 11 a cargo del fiscal Garganta, bajo la carátula “lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública”.

     

    Los reveses de la Justicia

    Cabe señalar que la jueza que interviene es Marcela Garmendia quien le cuestionó al fiscal la endeble decisión de no solicitar la detención de Pérez y Carbone. La magistrada entiende que con ellos en libertad existe el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

    También ordenó confiscar sus bienes y no tiene permitido salir de Argentina sin autorización previa de la Justicia.

    En detalle la jueza resolvió hacer lugar al planteo del fiscal Álvaro Garganta y dispuso la inhibición de bienes por 15 millones de pesos contra Alberto Pérez Walter Carbone pero también de las contadoras Mónica Cecilia Ripamonti, Alejandra Tavelli y Sandra Alicia Mamberti.

    En el fallo, al que accedió ANDigital, la jueza indica que con los imputados libres existen severos riesgos al proceso y es por eso que le indica al fiscal que no comparte su posición de no detenerlos.

    “Al momento de merituar los peligros procesales, como jueza de Garantías debo tener en cuenta no solo el quantum o la magnitud de la pena en expectativa de los delitos que se le endilgan a los imputados de autos, sino también las condiciones personales así́ como también la situación socio-económico de los causantes, por lo que estimo cuentan con las facilidades necesarias para abandonar el país o permanecer ocultos por el tiempo que dure el proceso”, expuso la magistrada.

    Y puntualizó que “si bien los imputados son conocidos públicamente debido a los cargos que han ostentado en el pasado, lo cual podría atemperar de alguna manera la probabilidad de profuguez, no es menos cierto que al menos dos de ellos -en particular quien fuera titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el exsubsecretario de Administración, cuentan con los recursos patrimoniales suficientes y necesarios para intentar evadir el accionar de la Justicia”.

    Pero la jueza no solo funda su decisión en el riesgo de fuga, sino que también explica que con los acusados en libertad existe el peligro de entorpecer el proceso de investigación y esclarecimiento de los hechos: “prueba de que el entorpecimiento probatorio resulta posible radica en la formación de la IPP Nº 06-00-033540-16, causa que tengo ante mí vista, donde se investiga, a partir de una denuncia por parte de Melania Casas, relatora del Tribunal de Cuentas, la desaparición de cierta información sensible que solo puede beneficiar a los imputados de autos”, detalló.

    En la causa, el fiscal incorporó órdenes de pago y expedientes elaborados a proveedores que se repetían. Además, los proveedores que figuraban en los papeles declararon en la dependencia judicial de lavado de activos que nunca prestaron los servicios figurados y que en ningún caso recibieron los pagos que allí se consignan. Por citar algunos de los casos, se mencionan particulares que ofrecían viajes, publicidades, ploteos y pinturería, entre otros servicios.

    Tanto Pérez como Carbone están comprometidos por los delitos de “peculado en concurso ideal” con el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, todos ellos en 25 hechos.

    En su hipótesis acusadora, el fiscal sostiene en el escrito al que accedió ANDigital que, respecto de Alberto Pérez, y en su carácter de titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, suscribió todas y cada una de las resoluciones habilitantes del gasto, disponiendo del pago en efectivo en favor de Walter Edgardo Carbone, lo que también conforma una asociación ilícita, tal y como la diputada Elisa Carrió lo planteó en su escrito judicial.

    Respecto de Walter Carbone, en su carácter de subsecretario administrativo, fue el beneficiario de los anticipos, y Garganta sostiene que fue quien efectivamente percibió las sumas de dinero en efectivo autorizadas por cada una de las órdenes extrapresupuestarias. Las mismas fueron libradas por orden del entonces ministro, además de ser el responsable de conformar todas y cada una de las facturas que se constataron luego como apócrifas.

    Se valoró en contra de Carbone, a modo indiciario, el hallazgo en su domicilio del Country Abril, barrio Las Araucarias, casa 46 del partido de Berazategui, de una caja de seguridad encubierta en una obra de arte con forma de dragón, ya que esto denota un manejo de dinero en efectivo, incompatible con el de una vivienda familiar, y con el sueldo de un empleado público con el cargo que él mismo ostentaba.

    El fiscal también imputó a Alicia Sandra Mamberti, quien era directora general de Administración del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. Las contadoras Mónica Cecilia Ripamonti y Alejandra Tavelli también fueron imputadas por haber intervenido en las órdenes de pago presupuestarias sin efectuar observación alguna, a pesar de las anomalías presentadas en las facturas.

    Alejandro Omar Moretti es otro de los exfuncionarios que quedaron comprometido en la causa ya que en su carácter de extitular del Departamento de Liquidación y Gastos de la Dirección de Contabilidad, tuvo injerencia directa en las maniobras, al igual que el director de Contabilidad del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, Cayo Ortiz Almada. (ANDigital)

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