Bonadio procesó y embargó a Cristina por ser la supuesta “jefa” de una “asociación ilícita”

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) El juez federal Claudio Bonadio procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al sindicarla como “jefa de una asociación ilícita” que “lavaba activos”, y la embargó por 130 millones de pesos por su responsabilidad en la denominada causa “Los Sauces”.

El procesamiento alcanza también a los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia, como jefes-organizadores de la asociación ilícita.

La extensa nómina de procesados incluye a los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez, a los 4 hijos de este, a Romina Mercado (sobrina de la expresidenta) y a los empresarios Fabián De Sousa y José Sanfelice.

Según el fallo difundido por DyN, de casi 400 páginas, “la imputada Fernández, después que se otorgaran con anterioridad o posterioridad las concesiones de obra pública o juego desde el Poder Ejecutivo nacional, del cual era su más alto representante, al igual que el otro socio, Néstor Carlos Kirchner -ya fallecido-, se firmaban los contratos de alquiler de las propiedades de ‘Los Sauces S.A.’ a fin de retornar el dinero como contraprestación de esas concesiones”.

El magistrado sostuvo que “los alquileres, más allá de lo correcto de su formalidad, intentaron ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de la obra pública otorgada ilegalmente al ‘Grupo Báez’ desde el Gobierno nacional por parte o a indicación de la expresidenta”.

Esa secuencia era “dirigida por Cristina Fernández, Máximo Kirchner y luego del fallecimiento de Néstor Kirchner también con el concurso y aprobación de Florencia Kirchner”, prosiguió.

Dijo asimismo que “en todos estos casos disimular se traduce como un procedimiento que tiende a crear un ocultamiento o disfraz de la ilicitud del origen de los bienes, y que lleva a esos bienes adquieran apariencia legal”.

“Claramente el objeto del delito es el bien o bienes que provienen de un ilícito penal, el cual como se sostiene es el pago, mediante alquileres, como contraprestación de la obra pública concedida ilegalmente al grupo Báez”, resumió Bonadio.

El cargo específico contra la ex presidenta es el de “tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles”.

Vale mencionar que la composición de esos delitos puede derivar en una condena superior a los 10 años de cárcel.

El resto de los imputados aparecen procesados por una intervención de menor jerarquía en la asociación ilícita, como organizadores” o meros miembros.

En todos los casos, los montos de los embargos no bajan de los 10 millones de pesos. (ANDigital)