viernes 29 de marzo de 2024 - Edición Nº3660

Política | 13 jul 2017

Preocupante escalada

Más represión

A primera hora de la mañana de este jueves personal de Infantería y Gendarmería ingresó a la planta PepsiCo, arremetiendo en su camino contra los trabajadores despedidos, transeúntes y periodistas. Hubo gases lacrimógenos, balas de goma, heridos y detenidos. La justificación del fiscal.


VICENTE LÓPEZ-BUENOS AIRES (ANDigital) Al menos diez trabajadores de la planta PepsiCo fueron detenidos en la mañana de este jueves, en medio de un violento desalojo ordenado por la Justicia y llevado a cabo por la Policía Bonaerense en la empresa cerrada en la localidad de Florida, partido de Vicente López.

Cabe consignar que el operativo fue ordenado por la jueza de Garantías N° 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, con el objetivo de desalojar a los empleados despedidos que mantenían guardia en el lugar y devolver las instalaciones a la firma de capitales extranjeros.

Con un grupo de choque provisto de escudos y gas pimienta, la Policía despejó las inmediaciones y luego, con violencia extrema, ingresó a la planta para sacar de allí a los empleados cesanteados.

Cabe recordar que los operarios habían decidido ocupar las instalaciones el 26 de junio pasado, seis días después de que la firma cerrara de forma imprevista y comunicara la situación pegando un cartel en el portón principal.

Entre los numerosos dirigentes políticos que se hicieron presentes en el lugar, dos de los que se llevaron la peor parte fueron el excandidato presidencial, y actual precandidato a diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño; el líder de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, y el dirigente sindical Rubén “Pollo” Sobrero, entre otros, quienes al igual que cientos de trabajadores, también sufrieron en carne propia la brutalidad policíaca.

Agresión a periodistas

Envalentonados con el aval judicial, los agentes de Infantería de la Policía Bonaerense también agredieron a un grupo de periodistas que intentaban cubrir las alternativas de la represión.

Y ante el reproche de este accionar, las respuestas de las autoridades eran: “dejen de hacer populismo” o “nadie está pegando”.

Por su parte, el fiscal Gastón Larramendi justificó la medida al explicar: “pedí el desalojo de la fábrica” pues “según los denunciantes tenían una imposibilidad material, operativa y de riesgo ambiental de poder continuar, motivo por el cual se trasladaron a la planta de Mar del Plata”.

“Ante esta situación se presentaron ante la fiscalía y la empresa dijo que quería llegar a un acuerdo con los trabajadores, en ese momento no se pensaba en el desalojo”, aclaró el instructor judicial en declaraciones a Radio El Mundo.

Acto seguido, matizó: “no cuestionamos el reclamo gremial ni el laboral, ambos son lícitos, pero todos los derechos no son absolutos. El derecho a reclamar no puede avasallar el derecho de los demás” y “se pidió el desalojo por el riesgo ambiental generado”.

“Estamos ante una planta que realiza material comestible y no está comprobado que se cumplan los controles para que los productos salgan a la calle”, cerró Larramendi. (ANDigital)

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias