Cristina va a juicio por fraude en la obra pública santacruceña

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) El juez federal Julián Ercolini envió a juicio oral a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al detenido empresario Lázaro Báez y otros procesados por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de este último.

Hasta fines de 2015, Austral Construcciones recibió más de 16 mil millones de pesos en adjudicaciones de la provincia patagónica y según dio cuenta el diario La Nación, este monto es similar al presupuesto del Poder Judicial y de la Presidencia.

El centenario matutino recordó que en marzo de 2016, una auditoría interna de la Dirección Nacional de Vialidad determinó que la mitad de las 55 obras otorgadas a Austral Construcciones quedó inconclusa a diciembre de 2015, lo que empeora el gasto.

La resolución fue firmada este viernes por Ercolini y lo dispuso a partir del pedido del fiscal Gerardo Pollicita con lo cual elevó el expediente a un Tribunal Oral Federal para que los someta a juicio junto con el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y a Martín Báez.

Cabe mencionar que Carlos Kirchner está detenido porque supuestamente obstruyó la investigación al declarar un domicilio inexistente así como por querer sacar fondos de una cuenta embargada por la Justicia; en tanto que De Vido está detenido desde el año pasado por otras dos causas, una de ella por la importación de gas licuado a nuestro país; y Báez en la causa por lavado de dinero conocida como la “ruta del dinero K”.

Según la acusación fiscal, “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

Siempre de acuerdo al escrito judicial, se trató de una maniobra con una “estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial”. (ANDigital)