Antes del jury, Arias se defiende: “El Gobierno de Vidal es el más corrupto que vi”

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) Este jueves comenzará el debate público del juicio político contra Luis Federico Arias, quien no duda en aseverar que la persecución a su magistratura obedece a intereses políticos y principalmente apunta a echar por tierra un “modelo de Justicia” volcado a defender los “derechos fundamentales” de los más vulnerables.

Suspendido desde noviembre del año pasado, paradójicamente mientras su Juzgado era reconocido por el Colegio de Abogados local como el más destacado del fuero Contencioso Administrativo, Arias se apresta a brindar una pelea contra este “ignominioso” proceso. Así lo deslizó ante ANDigital en una entrevista exclusiva antes de la jornada inaugural del jury, a ventilarse este jueves en el Edificio Anexo del Senado provincial.

“Desde el punto de vista ético y jurídico, voy muy tranquilo. Lo demás son movimientos dentro del tablero político, donde las voluntades se acomodan de acuerdo a intereses. Insisto, desde mi actuación judicial, estoy tranquilo. Han tenido que inventar 21 cargos, todos insustanciales, que no son faltas, sino que son criterios judiciales”, expuso en torno a los cargos de forma que le endilgan .

Luego recordó que “este fuero está para controlar la función política de cualquiera de los tres poderes y es lógico que se generen tensiones, para eso está la división de poderes. Lo disfuncional es que los poderes funcionen al unísono, que sean parte de una misma melodía y no tengan estos controles recíprocos”.

En la charla con este medio, el magistrado destacó que mientras las causas del jury explicitadas son nimiedades, las verdaderas razones tienen que ver con la investigación por la trágica inundación de La Plata en abril de 2013, el freno a los violentos desalojos en Gorina y Abasto y, más aquí en el tiempo, la cautelar para frenar el tarifazo en las tarifas de electricidad.

“Hubiese sido una cobardía renunciar. No tengo denuncias de particulares o de abogados litigantes; no tengo cuestiones patrimoniales comprometidas, vivo desde hace 20 años en mi casa de siempre; por lo que los motivos son un rejunte de sumarios de la Corte, no son irregularidades, sino que son criterios, algo muy distinto”, insistió.

Así las cosas, reflexionó: “cuando la razón política se impone sobre la razón institucional y la avasalla, estamos frente a un Gobierno autoritario. Cuando el fin justifica los medios, también. En concreto: si como Gobierno tengo la voluntad de aumentar las tarifas y un periodista me critica; un gremialista se opone o un periodista me cuestiona, los limpio”.

“Cuando dicté la cautelar por las tarifas eléctricas en la Provincia, unos 50 jueces en todo el país estaban decidiendo lo mismo, incluso la cuestión llegó a la Corte. Hoy no existe ningún juez que haya suspendido el aumento de tarifas, sí el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, prohibió los cortes, pero no el aumento de tarifas. Esos son efectos disciplinadores, es lo que ha sucedido aquí, sobre todo en un contexto donde las empresas energéticas están en un proceso de acumulación. Ahora se capitalizan”, puntualizó.

Para graficar la situación, mencionó el caso de Pampa Energía, “bajo control de Nicolás Caputo, el hermano de la vida del presidente Mauricio Macri. Ante la Bolsa de Valores de Buenos Aires reportó ganancias por 7500 millones de pesos en tres meses, antes del aumento del dólar”.

“O sea, cualquier juez que suspenda apenas un mes el tarifazo, le está haciendo perder fortunas. Así es que la razón política se impone a como dé lugar. Son decisiones económicas. Cuando el poder económico entra de la mano del poder político a la Casa de Gobierno, las instituciones se escapan por la ventana…”, ilustró.

También puso la lupa en el caso de DESA, de Rogelio Pagano, grupo que compró todas las distribuidoras eléctricas de la Provincia. “Lo hizo violando la ley, es un servicio público y en su momento se dividió en cuatro zonas (Sur, Norte, Costa Atlántica y Región Capital), si se hubiese previsto un monopolio, se hubiese contemplado solo una. Tuvo ganancias por más de 2 mil millones durante 2017. Suficientes millones como para querer sacarse de encima a un juez molesto”, detalló.

Consultado sobre si el procurador general Julio Conte Grand tiene la estatura moral y ética para acusarlo, optó por recordar que el jefe de los fiscales “accedió ilegítimamente a su cargo”, pese a contar “con el voto de todos los bloques políticos”.

“La Constitución exige para ingresar al Poder Judicial de la Provincia que quien a eso aspire tenga dos años de residencia en el territorio, cosa que no posee”, enfatizó.

No obstante, dejó en claro “lo cuestionable que es la figura” de la antecesora de Conte Grand en el cargo, María del Carmen Falbo, quien tuvo “un pésimo desempeño, por ejemplo en la causa de la inundación, protegiendo a los fiscales, que jamás investigaron, quienes a su vez accionaron protegiendo al Poder Ejecutivo; y luego negoció su salida”.

Corrupción estructural

“Queda expuesta en muchas oportunidades, como la aprobación del Presupuesto en la provincia de Buenos Aires, el endeudamiento de María Eugenia Vidal por 85 mil millones. Se empiezan a repartir cargos, exintendentes de La Plata o Quilmes pasan a estar en el directorio del Banco Provincia, tenemos a Julio Conte Grand votado por todos los bloques; la Defensoría del Pueblo con nombramientos en cuatro defensorías adjuntas, para repartir cargos. Los medios suelen tomar estas cuestiones con mucha liviandad con el eufemismo de ‘negociación política’, yo prefiero nominarlo como se debe: corrupción”, arremetió.

En igual tenor, puso de relieve que “la Constitución misma es un programa político” y por ende se mostró crítico con el accionar de Cambiemos. “Un Gobierno que dura cuatro años no te puede endeudar a cien, ¿qué culpa tiene la generación futura que tiene que responder por representantes que fueron elegidos por sus abuelos?”, interrogó.

“El Gobierno de Vidal es el más corrupto que vi. La política se ha convertido en un mercado de compra y venta de voluntades, y quedó visto en las últimas votaciones de presupuesto y endeudamiento. Un festival de reparto de cargos, de módulos y privilegios”, lamentó el magistrado.

Responder ante los ciudadanos

Luego de consignar el espinoso derrotero para el efectivo funcionamiento del fuero, unos cuatro años desde finales de los 90 hasta 2003 en los cuales la Corte no les tomaba juramento a los jueces ya que “no quería soltar la competencia” y “se congraciaba con el Poder Ejecutivo y los intendentes que no querían ser controlados”, Arias destacó el hecho de haber podido erigir una trinchera “que responda a los ciudadanos, fundamentalmente a los más débiles”.

“Salud, vivienda, educación, discapacidad, trabajo. Son los temas a los que hay que dotar de todo un sistema protectorio, fundamentalmente en base a las omisiones del Estado”, enumeró.

Así las cosas, ratificó: “mi paradigma de decisión son los derechos fundamentales” y, en cuanto a la clase política, hizo propias palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales: “No mentir, no robar, no engañar al pueblo. Cumplí con tus deberes y después exigí”.

“Mi visión es social. Eso modifica la postura excesivamente formalista de la mayoría de los abogados, la de atenerse a la norma y despojarse de las cuestiones éticas, sociológicas, políticas, algo que viene de perillas para los gobiernos autoritarios”, subrayó.

Finalmente, Arias recordó la importancia del factor contextual en la aplicación de las normas: “existen derechos laborales o humanos porque hay gente que murió por esa lucha, no surgen de la nada y, está claro, con ese modelo colisiono permanentemente”. (ANDigital)