Los hogares pobres sufren más del doble de inactividad laboral que los ricos

Informe semanal del Instituto para el Desarrollo Social Argentino –IDeSA–

El INDEC indicó que al primer semestre del 2018 la pobreza alcanzó al 27,3 % de la población. Algo inferior al primer semestre del 2017, que era de 28,6 %, y algo superior al del segundo semestre del 2017, que era de 25,7 %. En rigor, estas diferencias deben ser tomadas con cautela porque la medición de la pobreza tiene todavía muchas debilidades. En particular, el 20 % de los hogares que integran la muestra con que se mide la pobreza son excluidos para la estimación porque alguno de sus miembros no declara alguno de sus ingresos. Esto hace recomendable tomar la medición como aproximativa y tentativa.

Otro reporte del INDEC, referido a la distribución del ingreso, aporta evidencias reveladoras respecto de los factores causales que explican la pobreza. Uno particularmente sugerente es la cantidad de miembros de los hogares que generan ingresos a través de su trabajo, con relación a los miembros que no contribuyen monetariamente al sostenimiento de la familia por estar en la inactividad laboral.

Según el Informe Técnico “Evolución de la distribución del ingreso” del INDEC se observa que:

---) En el promedio de los hogares, por cada miembro insertado en el mercado laboral hay 1,4 miembros que no trabajan.

---) Entre el 30 % de los hogares de menores ingresos (población pobre) hay 2,5 miembros que no trabajan por cada miembro ocupado.

---) Entre el 30 % de los hogares de mayores ingresos hay menos de 1 persona que no trabaja por cada una que trabaja.

Estos datos señalan que una característica distintiva de los hogares pobres es la alta inactividad laboral. Los trabajadores que integran las familias pobres sostienen más del doble de dependientes que los que integran los hogares de mayores ingresos. Los problemas se potencian porque, además, reciben remuneraciones mucho más bajas y, en la mayoría de los casos, en un marco de informalidad. Entre las familias pobres sólo la mitad de los ingresos provienen de fuente laboral, mientras que el resto son de fuentes no laborales, en general, del asistencialismo y la caridad. En cambio, entre el 30 % de los hogares de mayores ingresos casi el 80 % de ellos provienen de fuente laboral, mientras que sólo el 20 % tienen origen no laboral y, mayoritariamente, provienen de jubilaciones, pensiones y rentas de la propiedad.

Se confirma que el asistencialismo, en el mejor de los casos, aporta paliativos pero no es una herramienta eficaz para la promoción social. El instrumento más potente contra la marginalidad son las oportunidades laborales. Por eso, más allá de que la crisis aumenta la demanda de programas que ayuden de manera directa a los sectores más vulnerables, es fundamental no perder de vista que las raíces más profundas de la pobreza son las limitaciones de las familias a generar suficientes ingresos laborales. Por lo tanto, las mejores políticas para la pobreza son las que favorecen la generación de empleos.

Esto tiene importantes connotaciones en la organización del Estado. Siendo Argentina un país federal, el rol que el Estado nacional tiene frente al desafío de combatir la pobreza es garantizar una macroeconomía estable e instituciones impositivas y laborales que no desalienten la generación de empleos, especialmente para gente con menor calificación y experiencia. En contrapartida, no ayuda a reducir la pobreza que la Nación se inmiscuya en intervenciones sociales muy importantes, pero que son responsabilidades de las provincias y los municipios, como la educación pública básica, los cuidados de la primera infancia, los programas asistenciales y las acciones de intermediación laboral.

En este sentido, es positivo que el proyecto de presupuesto 2019 asuma como objetivo central sanear la macroeconomía, pero es cuestionable que deje pendiente la reorganización del sector público. Particularmente negativo es que, para preservar los ineficientes programas nacionales superpuestos con funciones provinciales y municipales, se aumenten impuestos a la producción, mientras se siguen dilatando la modernización de las instituciones impositivas, laborales y de la seguridad social.