sábado 20 de abril de 2024 - Edición Nº3682

Política | 11 mar 2020

Este martes

El Senado comenzó a debatir la intervención de la Justicia de Jujuy

El proyecto fue presentado por Guillermo Snopek. Se busca “establecer la independencia y el equilibrio de los poderes”. Volverían a abordarlo el 31 de marzo.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación comenzó a tratar este martes el proyecto de ley que busca intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy.

La iniciativa fue presentada por el legislador Guillermo Snopek, integrante del bloque oficialista,  y en su artículo primero expone que pretende “garantizar la forma republicana de gobierno” en esa provincia del NOA.

Es que, de acuerdo a su visión, el gobernador Gerardo Morales tiene “la suma del poder público”, y en uno de los fundamentos expone que el 17 de diciembre de 2015 la Legislatura jujeña aprobó la ampliación del Superior Tribunal de Justicia, que sumó cuatro miembros, tres de los cuales integran el radicalismo y dos eran legisladores del espacio del mandatario.

Pablo Baca y Beatriz Altamirano “eran diputados provinciales, que en un mismo día votaron la ampliación del número de miembros del Superior Tribunal para, 48 horas más tarde, asumir como jueces del mismo. El tercero en asumir, Federico Otaola, fue diputado por el radicalismo en el año 1983. Y además, a posteriori, se designó como presidente del Superior Tribunal a la Dra. Clara Aurora de Langhe de Falcone, también exdiputada de la UCR. Adviértase que en diciembre de 2015 el Superior Tribunal de Justicia en acuerdo '2020 – Año del General Manuel Belgrano' plenario había elegido como presidente del cuerpo para el año 2016 al Dr. Sergio R. González”, informó Snopek.

El legislador sostiene que “el propósito de la ampliación del Superior Tribunal de Justicia fue políticamente evidente: conformar una mayoría afín al Ejecutivo, vulnerando el principio de independencia del Poder Judicial”.

Sin embargo, la oposición asevera que el objetivo no es otro que lograr la liberación de la dirigente social Milagro Sala, quien está detenida desde el 2016 y cuya condena a 13 años de prisión por el desvío de fondos públicos por más de $ 60 millones asignados a cooperativas para la construcción de viviendas sociales entre 2011 y 2015, fue ratificada el 17 de enero pasado.

Como la idea original no era emitir dictamen en esta jornada, se acordó una nueva fecha reunión, para el 31 de marzo venidero y continuar con el tratamiento. (ANDigital)

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