La Fraternidad amenaza con paro general si se mantiene la suspensión en el Roca Cargas

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El Sindicato de conductores de trenes La Fraternidad criticó la medida de suspensión del ramal del Roca Cargas, a cargo de la empresa Ferrosur, que atraviesa la Villa 21-24 en su camino a estación Sola y que esta semana produjo la muerte de una niña de 15 años.

“La pelea no es pobres contra pobres sino contra la ineptitud, ineficacia o corrupción de no cumplir la ley 2873 y abandonar a gente sin recursos que debe criar a sus hijos en el peligro”, señaló el gremio conducido por Omar Maturano, adelantando que podrían realizar un paro general de ferrocarriles si se ve afectado el funcionamiento del ramal.

En este sentido, esgrimieron que “si se pretende que un tren no pase más por un ramal, tampoco pasará por ningún ramal en todo el país”.

“Hace años la ocupación ilegal de Predios Ferroviarios es desatendida por las autoridades y la consecuencia inevitable es un nuevo accidente. Tras lo cual se intenta cortar las vías, en vez de mejorar la seguridad del tráfico ferroviario y promover viviendas populares a quienes ocupan terrenos fiscales”, prosiguió La Fraternidad.

También recordaron que “la ley prohíbe circular por la vía, y a menos distancia de veinte metros de la vía construir, hacer cercos, construir muros pero nadie hace nada. La gente que ocupa los terrenos fiscales no son delincuentes, pero son utilizados por intereses económicos que quieren debilitar el sistema ferroviario para desarrollar negocios inmobiliarios”.

En esta línea, remarcaron que las empresas y el Estado nacional deben garantizar la Seguridad: “los predios, vías, infraestructura ferroviaria son del Estado - aun en los casos en que se encuentren concesionados - toda la infraestructura ferroviaria es fiscal”.

“El Estado ausente posibilitó que Predios e Infraestructuras Fiscales se degraden poniendo en riesgo, colapsando y paralizando los servicios ferroviarios. El ferrocarril está debilitado porque los municipios no tienen jurisdicción y las policías provinciales tampoco porque el terreno ferroviario es Estatal”, explicaron.

Finalmente, indicaron que “se impone que quienes administran los ferrocarriles y Estado nacional lean la legislación ferroviaria, la hagan cumplir y protejan a los sectores de bajos recursos con planes de viviendas accesibles, luchando contra las causas de la pobreza y no seguir negociando con las trágicas consecuencias que estamos viviendo”. (ANDigital)