Quedó parapléjica por un disparo y hay cuatro detenidos: Para su madre no son culpables

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El 19 de julio del año pasado la joven Magalí Sánchez, de 18 años, fue alcanzada por una bala cuando un grupo de bandas antagónicas se disputaban el control del territorio en Melchor Romero, La Plata.

La contienda a tiros tuvo lugar en 526, entre 155 y 156, zona conocida como Don Fabián. Magalí fue baleada por un proyectil que ingresó por uno de sus hombros dejándole graves secuelas, ya que a partir de ese hecho quedó parapléjica.

A casi 11 meses de ese trágico episodio y aún con graves secuelas, la bala sigue alojada en su cuerpo porque según los informes médicos “retirarla podría causarle la muerte”.

Por el caso se abrió un expediente penal y hoy la investigación que estuvo a cargo del fiscal Marcelo Romero (UFI 6), tiene más dudas que certezas.

La fiscalía con aval del juzgado de Garantías 3 a cargo de Pablo Raele, imputó a Walter Raúl Moreira (35), a Tomás Alberto Moreira (38), a Marcos Moreira y a Nahuel Moreira, todos ellos son hermanos y permanecen detenidos aunque según Leticia Sánchez Ruíz (47), mamá de la adolescente herida, los procesados no están vinculados al ataque.

Pese a la queja de la particular damnificada y de la fuerte oposición de la defensa de los imputados, el expediente fue elevado a juicio y hoy es tramitado en el Tribunal Oral y Criminal 1, presidido por Cecilia Inés Sanucci.

Los familiares de Magalí indican que los detenidos por el hecho no son los responsables del suceso que hirió de gravedad a la joven y que lo verdaderos atacantes están libres.

Otro revés para los detenidos

El pasado jueves 10 de junio se realizó una audiencia telemática en donde la fiscal de juicio Leila Aguilar desoyó el planteo de la particular damnificada.

La abogada Silvia Petroff representa al detenido Walter Moreira y solicitó ante el TOC 1 que a su asistido se le otorgue una morigeración de prisión para así esperar el juicio bajo arresto domiciliario.

Moreira fue padre hace un mes y solicitó permiso para volver a su casa. Hoy se encuentra alojado en el penal de Magdalena, la requisitoria de su defensora fue rechazada a pesar de que la madre de la niña baleada prestó conformidad con el planteo de la letrada.

“No hay riesgos procesales ya que a esta altura no se puede entorpecer la investigación (instrucción cerrada), tampoco están debidamente justificados los peligros de fuga, resulta insólito que no se consideren los dichos de Leticia, la madre de Magalí, quien se mostró de acuerdo con que el imputado espere el juicio fuera de la prisión”, indicó Petroff en declaraciones a este medio.

Con la actitud que tuvieron las funcionarias judiciales se avasallan principios básicos establecidos en la denominada “Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos “(27372). En dos de sus incisos la normativa indica que la víctima tiene derecho a:

j) A aportar información y pruebas durante la investigación.

k) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente.

Mientras el detenido y sus hermanos sufrieron otro revés judicial, las defensas ya solicitaron los sobreseimientos y esperan la resolución de magistrados de alzada ante la oposición a que se realice un juicio por hechos a los que la misma denunciante los considera ajenos.

Leticia explicó este viernes que “los verdaderos responsables siguen sueltos, por buscar culpables no se puede detener a cualquier persona”, y fue categórica a la hora de afirmar: “Sé muy bien que ellos no fueron los que balearon a mi hija. Yo sentí que la jueza escuchó lo que ella quiso y lo que le convenía. Me quedé asombrada con la valoración que hizo la jueza. La fiscal solo me hizo declarar en relación a las heridas de mi hija y no acompañó a la defensa pese a lo que yo pedí”, cerró Sánchez Ruiz, quien aún pide justicia por el ataque a su hija. (ANDigital)