Chocobar: el policía condenado recibiría dinero a través de una fundación que no existe

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) Hace unos días, el exagente de la Policía de la Ciudad había presentado en sociedad la denominada “Fundación Chocobar”, una asociación que tiene como fin bregar por los “derechos humanos de miembros de fuerzas de seguridad”, y que ahora se vio envuelta en un gran escándalo judicial.

Al respecto, el inspector general de Justicia, Ricardo Augusto Nissen, presentó una denuncia penal contra los responsables de la supuesta organización que lleva el nombre de Luis Chocobar, por “la posible comisión de delitos de acción pública”, teniendo en cuenta que nunca fue registrada ni tiene autorización legal para funcionar como tal.

El oficial condenado por dispararle a un delincuente por la espalda reapareció públicamente tras la sentencia con dos encuentros que levantaron polvareda. Por un lado, se reunió con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien durante su gestión lo defendió a capa y espada, y por el otro, recibió a Facundo Amendolara, quien le disparó a “Chano” Charpentier.

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En relación a la presunta organización, en declaraciones a Radio 10, Nissen fue tajante y explicó que “no existe la fundación Chocobar, ni en la Provincia ni en la Ciudad. Se depositaban fondos para la actividad de la fundación en una cuenta privada de Chocobar, cosa que es ilegal”, lo que podría traerle una nueva complicación judicial al exuniformado.

El propio policía condenado figura como presidente, y está acompañado como vicepresidente por, Fernando Oscar Soto; como tesorero, Ricardo Daniel Galeano; y secretario, Luis Jorge Cevasco. Este último y Soto fueron sus abogados defensores en el juicio en su contra por el asesinato de Juan Pablo Kucok.

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Según comentó el titular de la IGJ, al estar condenado, no le permite “integrar el consejo directivo de ninguna fundación”. Además, Nissen realizó una presentación ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal para que tome las medidas que crea necesarias ante la conducta de los letrados.

Tras la denuncia, la página de la Fundación, fue desactivada y según se expresa allí, ofrecían “asistencia legal, técnica, psicológica, médica, social, alimenticia, económica y toda otra necesaria”, aunque después se pudo comprobar que “no existe registro alguno”, que lo avale. (ANDigital)