23 Jan. 2021 | 18:06
23 Jan. 2021 | 18:06
A 39 años del último golpe cívico-militar

Hoy no habría juicios por la verdad sin el juicio a las juntas y la creación de la Conadep

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  • Le costó muy caro a Raúl Alfonsín. Fue tras ser acorralado y obligado a ceder las leyes del perdón, cuando la reforma de la Constitución en 1994 pudo tomarse revancha con el impulso de la inclusión de 10 tratados sobre derechos humanos. En aquel cónclave de Santa Fe, Aldo Rico y otros convencionales de derecha se retiraron del recinto a los insultos, convencidos de que con ese articulado (artículo75 inciso 22) todos los militares podrían ir presos, como sucedió a partir de la gestión de Néstor Kirchner.  

    Cada 24 de marzo se agiganta aún más la figura de Raúl Alfonsín. Al líder radical le costó muy cara su decisión de no pactar con las fuerzas armadas la transición democrática, pero sin duda alguna que hoy no habría juicios por la verdad si no se hubiera impulsado aquel histórico juicio a las juntas militares y la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), cuyo producto final fue el Nunca Más inmortalizado por el fiscal Julio César Strassera.

    Pagó muy caro su convicción de que, a diferencia de la totalidad de países de la región, debía juzgar a los responsables de haber cometido durante el Proceso de Reorganización Nacional crímenes de lesa humanidad. Por ello, fue acorralado y debió ceder a las presiones de los “carapintadas” para impulsar la sanción de las “leyes del perdón”, de Punto Final y Obediencia Debida, ésta última iniciativa arrancada al exmandatario tras el levantamiento de Semana Santa de 1987.

    El establishment y los medios periodísticos hegemónicos, que tuvieron una complicidad absoluta con las juntas militares –de hecho, Clarín, La Nación y La Razón se apoderaron de Papel Prensa con el consentimiento del genocida Jorge Rafael Videla- vapulearon al mandatario y minaron su gestión. Si hasta se dio el hecho de que Radio Mitre operara como portavoz de la posición de los insurrectos de Semana Santa, una actitud inédita y reprochable que fuera denunciada por el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Juan Carlos Pugilese, quien entonces se quejaba: “lo único que falta es que hagan un golpe por la radio”.

    El entonces diputado nacional por la UCR Leopoldo Moreau bien recuerda la discusión que se generó con esa radio a disposición de los sediciosos, respecto del ejercicio de la libertad de prensa versus la apología de un proceso golpista. 


    La ofensiva de Clarín contra el padre de la democracia fue furibunda, en tiempos en los que se comentaba con absoluto convencimiento que tres tapas del “gran diario argentino” terminaban volteando a un gobierno.


    El final de la gestión fue un descalabro en todas sus líneas de gobierno provocado por un artero golpe de mercado con un proceso hiperinflacionario que lo obligaron a dejar su mandato seis meses antes del 10 de diciembre de 1989.

    Fue después de un encuentro que mantuvo con los principales empresarios de la Argentina tras la derrota de Eduardo César Angeloz a manos de Carlos Saúl Menem el 14 de mayo de ese año, cuando Alfonsín les pidió le posibilitaran cumplir con la totalidad del mandato y un lapidario Héctor Magnetto (CEO de Clarín) le respondiera que “ustedes ya son un obstáculo”.

    Clarín. Que tenía cola de paja porque de forma subrepticia se había apoderado de Radio Mitre, pugnaba por la derogación del artículo 45 de la vieja Ley de Radiodifusión (N° 22.285) porque el mismo le prohibía hacerse de esa radio. 

    La ofensiva del poder establecido contra el exmandatario radical tuvo que ver con sus primeras decisiones relacionadas con la instauración de políticas de defensa de los derechos humanos y el juzgamiento de los responsables de la desaparición de más de 30 mil argentinos entre los años 1976 y 1983.

    El 13 de diciembre Alfonsín firmó el decreto 158/83 para someter a juicio penal ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los miembros de las tres juntas militares, a la sazón los comandantes en jefe de las tres armas en cada momento, por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales.

    Asimismo, el 22 de diciembre del mismo año, el Congreso nacional, por medio de la Ley 23.040, derogó “por inconstitucional” la ley de autoamnistía, norma de facto promulgada por la Junta Militar a comienzos del último año del proceso (23 de marzo) a la vez que la declaró “insanablemente nula”.

    El entonces Presidente reglamentó la ley seis días después y en enero de 1984, firmó otro decreto presidencial por el que dispuso la detención del extitular de la Policía bonaerense Ramón Camps, responsable de los centros clandestinos de detención en la Provincia.

    Pero en paralelo, a cinco días de haber asumido su cargo, Raúl Alfonsín convocó el 15 de diciembre a personalidades de la cultura, la política y de organizaciones de defensa de los derechos humanos a conformar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), designando al escritor Ernesto Sábato en carácter de presidente.

    Al histórico juicio a las juntas, que no tuvo antecedentes en América Latina, se pretendió compararlo con los juicios de Nüremberg pero era un error porque aquella instancia representó el juzgamiento de naciones vencedoras sobre un país vencido (Alemania) mientras que en la Argentina se juzgaba a represores por crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus connacionales.

    En Brasil (con una dictadura que se extendió de 1964 al año 1985); Chile (de Augusto Pinochet); Paraguay (de Adolfo Stroessner); Uruguay (de José María Bordaberry), o Bolivia y Perú, donde se desarrolló el Plan Cóndor, los gobiernos democráticos no se atrevieron a juzgar a sus militares genocidas.

    El expresidente argentino había transcurrido las mayoría de las jornadas antes y después del golpe cívico-militar del 76 presentando habeas corpus en defensa de detenidos por causas políticas, al igual que en el sur (Chubut) hizo el exdiputado nacional Mario Abel Amaya (mártir radical junto al platense Sergio Karakachoff y el jujeño Luis Aredes) en el Penal de Rawson.

    El Informe Sábato fue entregado en la Casa Rosada, en mano, por el titular de la Conadep al presidente Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 y en paralelo fue publicado en forma de libro con el título de Nunca Más, que en la jornada final del juicio a los comandantes militares inmortalizó el exfiscal Julio César Strassera, fallecido el último 27 de febrero.

    El trabajo de los miembros de la Conadep significó un balance provisional de 8.960 desaparecidos forzosos durante la dictadura. Se trataba de casos satisfactoriamente documentados, aunque Amnistía Internacional estimó que el número de víctimas superaba las 15 mil, mientras que organizaciones argentinas como Madres de Plaza de Mayo hablaron de no menos de 30 mil represaliados entre muertos y desaparecidos. 

    Aquellas primeras decisiones del Gobierno radical incluyeron el juzgamiento de los cabecillas de las organizaciones subversivas y terroristas, la mayoría emanadas de la izquierda peronista, como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuya erradicación las juntas militares habían usado como justificación de los desmanes represivos.

    Raúl Alfonsín no indultó. Esa fue obra de Carlos Saúl Menem, el riojano pretendió -al final sin éxito-, poner un cierre definitivo a la cuestión del Terrorismo de Estado en Argentina.

    Cuando asumió, el mandatario oriundo de Chascomús recibió no solamente una herencia tenebrosa en cuanto a lo que había que resolver sobre derechos humanos. Era como dormir con una frazada corta para él porque, entre tantas cuestiones que debió atender en materia económica, el Proceso de Reorganización Nacional había hecho trepar hasta las nubes la deuda externa, de 6 mil a 46 mil millones de dólares. Y en el medio de tantas presiones también debió afrontar, como la gestión kirchnerista en 2008, una pelea frontal contra las patronales ruralistas y fue todo un emblema de coraje y llamado a respetar la investidura presidencial aquel discurso que Alfonsín dio en la Sociedad Rural en 1988 . 


    En ese mismo año, dos artistas se expresaban en favor del mandatario. Por un lado, Mercedes Sosa se había quejado de la falta de respeto a un Presidente en uno de los programas de Juan Alberto Badía (Badía y Compañía) y Víctor Heredia grabó “Si tengo mi libertad” en defensa de la democracia, cuando los paros generales de Saúl Ubaldini erosionaban la gestión presidencial y asomaban los meses más duros que debió afrontar el líder del radicalismo. 

    Pero tras ser acorralado y obligado a ceder las leyes del perdón, el líder radical siempre tuvo el convencimiento de que la política otorgaba revancha. Visionario como pocos, pudo resarcirse en ocasión de la reforma de la Constitución en 1994, cuando impulsó la inclusión -en la Carta Magna- de diez tratados sobre derechos humanos que provocaron, por ejemplo, que Aldo Rico y otros convencionales de derecha se retiraran a los insultos del recinto en Santa Fe, convencidos de que con ese artículo 75 inciso 22, a futuro todos los militares podrían ir presos, como sucedió a partir de la gestión presidencial de Néstor Kirchner.

    Así, se incluyó en ese artículo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño.

    Toda la jurisprudencia de los años de la primavera democrática de Alfonsín más esa inclusión de los Tratados sobre Derechos Humanos en la Constitución Nacional en 1994, allanaron el camino a Néstor Kirchner, quien a partir del 25 de mayo, luego de jurar como presidente, se comprometió ante las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, organismos defensores de derechos humanos y la ciudadanía a llevar adelante políticas en la materia partiendo de la base de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por su impulso, en agosto de 2003, el Congreso Nacional declaró “insanablemente nulas” las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

    El 24 de marzo de 2004 Néstor Kirchner se pasó de revoluciones y ofendió la figura de Alfonsín cuando en su discurso en la sede de la exEscuela de Mecánica de la Armada (ESMA) –convertida en Museo de la Memoria-remarcó: “vengo a pedir perdón en nombre del Estado argentino por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia”.

    Como si el exmandatario radical no hubiera hecho nada para que a partir de su asunción a la primera magistratura hubiese sido posible la reapertura de las miles de causas contra los represores y genocidas. Luego, en el Colegio Militar de la Nación ordenó al general Roberto Bendini que bajara los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

    Como si nunca hubiera existido el alzamiento de Semana Santa y nunca se hubieran incorporado a la Constitución Nacional los citados 10 artículos sobre derechos humanos, jurisprudencia que también posibilitó al expresidente santacruceño adoptar la decisión política de adherir a los tratados internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

    En 2008, el país suscribió el convenio sobre desaparición forzada de personas (sólo dos naciones lo hacen en ese momento: Argentina y Francia).

    Hoy (2015) se llevan adelante 13 juicios por delitos de lesa humanidad; hay 134 procesos finalizados desde la declaración de nulidad de las “leyes del perdón” con 563 condenados y 1064 detenidos por violaciones a los derechos humanos.

    Aquel error de Néstor Kirchner no invalida bajo ningún punto de vista su valor y aporte para consagrar una Argentina que se desenvuelva bajo los parámetros de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

    Sólo que los juicios por la verdad no nacieron de un repollo el 25 de mayo de 2003, porque los parieron Alfonsín y las organizaciones defensoras de los derechos humanos y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que cuando se desayunaron con las leyes del perdón y luego Menem dictó los indultos recorrieron el mundo para mantener viva las causas por los desaparecidos y el robo de bebés. Para hallar respuestas en el juez Baltasar Garzón en la Justicia española, por ejemplo.

    La decisión de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner para llevar adelante una férrea política de derechos humanos fue fundamental para que este último martes 24 de marzo de 2015 la Plaza de Mayo estuviera más poblada que nunca en 39 años de actos de repudio por el golpe cívico-militar de 1976.

    Entre la multitud marchó la militancia del alfonsinismo y la Juventud Radical denominada “Los Irrompibles”, una agrupación que siempre rindió un cálido homenaje a Raúl Alfonsín con consignas como “Yo no indulté” o “yo no me vendo por nada del mundo, yo no me vendo, presten atención, a la UCR la llevo en el alma y a Alfonsín lo llevo en el corazón”.

    Otro aporte valioso en datos y opinión, en otro orden pero también referido a la problemática de los derechos humanos, puede leerse en el artículo que alude a las reformas al Código Civil que escribió el exdiputado nacional radical Juan Pedro Tunessi que destaca el legado del expresidente por la UCR sobre el tema. 

    Cuando Raúl Alfonsín asumió aquel 10 de diciembre de 1983, entre la multitud resonaban los acordes del tema que Jairo había grabado para la campaña que lo llevó a la primera magistratura. El cantautor contó en un recital la anécdota que vivió para cantar ese tema luego de consultar a su autora –y amiga- María Elena Walsh.

    A diferencia de lo que sucedió en todo Latinoamérica, el flamante Presidente no pactó con las Fuerzas Armadas. Porque como reza la canción: “en mi alma yo sé, con honda fe, que pronto venceremos. Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Sólo con justicia, sólo con justicia, nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad”.

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