Denuncian irregularidades en la prórroga de la concesión de los peajes del Corredor Vial 18

Durante las últimas horas se radicó una denuncia en los juzgados federales de Comodoro Py, donde tendrá intervención el juez federal Julián Ercolini, ante la presunta existencia de irregularidades en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa estatal Corredores viales S.A., en torno a la prórroga del contrato de concesión por peajes del Corredor Vial 18, cuyo vencimiento fue 2002 según el pliego original.

La acusación fue efectuada por Jorge Zatloukal, integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).

En la presentación se plantea un perjuicio millonario para el Estado, en la medida que será la empresa Caminos Río Uruguay S.A. la que continuará cobrando peajes en las estratégicas rutas nacionales 12, 14 y en la conexión física Rosario Victoria, claves para el intercambio comercial con el Mercosur.

Zatloukal precisó en la denuncia que “la prórroga fue aprobada por la Resolución 144 de Vialidad Nacional, del pasado 8 de abril firmada un día antes que venciera el contrato”, cuestionando asimismo que, como único argumento, se esbozó que no existen operadores y que se llegó a esa conclusión sin haber llamado antes a una licitación pública.

También soslaya que la empresa estatal Corredores viales SA, injustificadamente no se hiciera cargo de la continuidad de la concesión y del cobro de peajes. Según expuso, hacerse cargo de las concesiones que se le confieran no es materia de consulta, sino una de las obligaciones “irrenunciables” que emergen del estatuto de la empresa, creada en 2017 por decreto 794.

“Nos encontraríamos frente a una maniobra tendiente a beneficiar a la empresa concesionaria, con una sospecha demora en licitar. Este accionar es contrario a la transparencia que debe regir en las contrataciones públicas y la continuidad del monopolio, contradice el discurso oficial de libre mercado ya que también existiría una violación a la Ley de Defensa de la competencia, ya que con la prórroga se restringió la libre concurrencia”, subrayó Zatloukal.

Por último, en la denuncia se puntualiza que “estos hechos sumados a otros,  clara y terminantemente precisados, en su momento por un organismo altamente calificado como la Auditoría General de la Nación, podrían constituir prima facie, violaciones a diversos artículos del Código Penal”.