El Poder Ejecutivo intimó formalmente este lunes 28 de septiembre al Reino Unido para que, en un plazo no mayor a dos semanas, adopte las medidas necesarias para suspender el inicio o la continuidad de las operaciones de explotación de hidrocarburos vinculadas al proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
La medida fue formalizada por la Oficina del Presidente y ratificada por el jefe de Estado, Javier Milei, en sus redes sociales con el mensaje "Defendiendo con hechos". En el comunicado se advierte que la extracción unilateral de recursos en la Plataforma Continental Argentina vulnera el derecho internacional y provoca un "perjuicio irreversible e irreparable" para la soberanía nacional.
"Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras", aseveró el Presidente.
DEFENDIENDO CON HECHOS
— Javier Milei (@JMilei) September 28, 2026
Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
Si en 2 semanas el Reino Unido no… https://t.co/JTaBcQ7RGT
La estrategia jurídica coordinada por Cancillería contempla la activación del procedimiento de arbitraje establecido en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Si Gran Bretaña no cumple con la intimación en el plazo fijado, la Argentina solicitará de forma inmediata al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) la aplicación de medidas provisionales de urgencia.
Paralelamente, el Gobierno ordenó el inicio de procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED, luego de detectarse operaciones aéreas realizadas por una aeronave de matrícula británica en la ruta que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, Chile, sin contar con la autorización correspondiente de los organismos argentinos.
La avanzada judicial y diplomática impulsada por la Casa Rosada busca frenar la concesión de nuevos permisos petroleros en el Atlántico Sur por parte de las autoridades coloniales de las islas.
El contundente reclamo ante Londres se da en una coyuntura política atravesada por el debate sobre la actividad económica, la reciente suba del riesgo país y el último informe del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que registró una caída del 5,9% en septiembre y ubicó la valoración ciudadana en el nivel más bajo en lo que va del mandato libertario.